Desde el bloque de diputados y diputadas Socialistas de la provincia de Santa Fe
reafirmamos nuestro histórico compromiso con la transparencia y calidad
institucional, y los concursos públicos que pusimos en marcha durante nuestros
gobiernos provinciales y locales.

 

Por tal motivo, negamos rotundamente la existencia de cualquier tipo de acuerdo y
repudiamos cualquier intento político de asociar a nuestro partido con algún tipo de
maniobras para designar jueces y fiscales que no sea según los mecanismos
establecidos.

Desde que llegamos al gobierno de la provincia en 2007, apelamos a transparentar los
concursos públicos y a elegir funcionarios judiciales y de cualquier índole por su
idoneidad y aptitud, y desde nuestro lugar de oposición es lo que le hemos reclamado
siempre al gobierno provincial y seguiremos haciendo en esta oportunidad.

El Poder Ejecutivo, como responsable del proceso de selección, arma las ternas y
eleva nombres al Poder Legislativo para su aprobación o rechazo en virtud de un
examen, de antecedentes y de una entrevista. La Legislatura es la que luego evalúa
ese proceso y da acuerdo o no a esos pliegos.

Desde el Socialismo evaluaremos responsablemente cada uno de esos pliegos y solo
prestaremos acuerdo para aquellos que respeten la legalidad y cuyos postulantes
sean idóneos para el cargo propuesto.

De la misma manera exigiremos transparencia en la designación de todos los cargos
judiciales y seguiremos exigiendo ejemplaridad en el proceso de concurso de
autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público
Provincia de la Defensa Penal (SPPDP), apelando a la total independencia del jurado y
a la citación de los ministros y funcionarios a cargo.

Por todo lo antes expresado, nos llama la atención que algunos sectores de la política
dirijan las críticas al Socialismo, ensucien con nombres propios a personas sin
mostrar pruebas, como si nuestro partido hoy fuera gobierno y como si esos pliegos
estuvieran aprobados.

No vamos a permitir ni a tolerar falsas acusaciones, extorsiones ni aprietes públicos
propios de una forma de hacer politica que no compartimos ni aceptamos.

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