AFIP detectó operaciones con 54 proveedores “apócrifos” por facturas entre 2016 -2018 y elevó la denuncia.
Catorce directivos de la agroexportadora Vicentin, algunos de los cuales ya no están en funciones, fueron citados a declaración indagatoria a partir del 1 de noviembre por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, quien investiga presuntas maniobras fraudulentas en reintegro de exportaciones que ocasionó un perjuicio al Estado por $111.637.479 equivalentes al monto establecido por la Justicia para el embargo de bienes.
La causa que tiene Alurralde se inició en agosto de 2020 a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El organismo detectó “operaciones con 54 proveedores apócrifos” mediante facturas presuntamente truchas “en las solicitudes de reintegro del Impuesto al Valor Agregado (crédito fiscal) correspondiente a los períodos 01/2016 al 10/2018”, según el fallo de la Cámara chaqueña que confirmó el embargo dictado por Alurralde.
Entre los citados a indagatoria se encuentran Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze y Martin Colombo.
Los mencionados fueron imputados en octubre del año pasado por el fiscal de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, por presuntas estafas y defraudación por un monto de U$S 500 millones, en el marco del concurso preventivo de la aceitera santafesina.
La denuncia de la AFIP, ampliada en abril de 2021, pedía investigar una supuesta maniobra fraudulenta detectada gracias al trabajo conjunto de las distintas áreas especializadas del organismo durante una fiscalización realizada sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019.
La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 proveedores que no denotaban actividad real no tenían capacidad económica ni financiera; no justificaban el origen de los granos; no se lograba su localización o bien en los domicilios de acopio no se verificaba actividad alguna; o tenían nulo o escaso personal declarado o sin relación con la actividad. Por lo que los reintegros eran falsos.
“Está claro que lo que necesitó la empresa para perfeccionar la maniobra que comenzó al momento mismo de la operación comercial lo aportó en una gran cantidad de casos un contador público vinculado a Vicentin SAIC y gran parte de su grupo económico, ello se advierte en los informes que la denunciada adjuntó cada vez que pretendía los reintegros impugnados”, aseguró el fiscal Salum en el dictamen por el cual solicitó el llamado a indagatoria de las 14 personas imputadas.
En ese contexto, sostuvo que “la empresa basó las solicitudes de reintegro en facturas apócrifas y luego, mediante el dictamen del supuesto ‘contador independiente’, perfeccionó la maniobra para obtener entonces una disposición de dinero por parte del Estado en su favor”.
En comunicación con Radio Amanecer, el Fiscal Salum sintetizó en que consistían las operaciones realizadas en estas facturas y aseveró que hay maniobras que podrían ser tipificadas como delito. Por lo que podrían caer sanciones penales sobre los imputados. Además, la AFIP persigue la recuperación del dinero.
