El diputado santafesino del Frente Social y Popular, Carlos del Frade señalo a Radio Amanecer “ la privatización de los servicios del Senasa representa una transferencia de 1.100 millones de pesos para las empresas privadas en perjuicio de los gobiernos nacional y provincia”.
El legislador presentará la semana próxima una denuncia en la Justicia Federal contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber excluido al Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) de las funciones de control de derivados de granos en los puertos exportadores. La denuncia contra Macri será presentada el 12 de junio en los Tribunales Federales de Rosario.
Se trata de la resolución 37 publicada en el Boletín Oficial el 26 de enero de 2017 que establece que todos los embarques de productos y subproductos de granos para exportación o reexportación deben ser sometidos al control fitosanitario y de calidad del Senasa, quedando “exceptuados de dicho control fitosanitario y de calidad, los aceites, harinas, pellets, expellers y tortas de cereales y oleaginosas, cuando no sea requerido por el país de destino. Sin perjuicio de ello, el usuario interviniente podrá solicitarlo en cualquiera de las operaciones mencionadas.”.
El diputado expreso preocupación por “la tercerización de los servicios del Senasa que no solamente afectan al estado nacional, sino también a los trabajadores del área que cumplen tareas en la geografía santafesina, como también constituye un potencial riesgo para la soberanía alimentaria de la población y una preocupación concreta sobre animales que entran y salen de los puertos radicados también en Santa Fe
Del Frade impulsó un pedido de informe desde la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, solicitando al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de la Producción, del Medio Ambiente, Trabajo y Salud, responda sobre las consecuencias de la política nacional en torno a la privatización de las funciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalmentaria (Sensas) y su impacto en el patrimonio zoofitosanitario de la provincia.
En dicho pedido, el diputado solicita que se responda en primer lugar, si los Ministerios de la Producción, Medio Ambiente, Trabajo y Salud de la provincia están en conocimiento de la modificación de la resolución 260 que hasta fines del año pasado regulaba la actividad del Senasa en todas las terminales portuarias del país. Y por otra parte, si las mencionadas carteras del gobierno santafesino evaluaron las consecuencias del cambio en “el servicio de inspección de bodegas y tanques en rada, de inspectores de Senasa por policías de control independientes habilitadas ante este organismo”, tal como fue consignado en distintas comunicaciones oficiales.
Del Frade, se basa en que “la no realización de la inspección de bodegas de parte del Senasa podría multiplicar los riesgos sobre la soberanía del patrimonio zoofitosanitario santafesino, como ya ocurrió con la introducción del llamado “mejillón dorado” que está causando serios perjuicios en la fauna ictícola de la provincia”.
También reclama por la posible pérdida de fuentes laborales de “personal idóneo en el sensible trabajo de revisar las bodegas de los barcos que entran y salen de los puertos de la provincia”.
El pedido de informe también cuestiona que la privatización de los servicios del Senasa representa una transferencia de 1.100 millones de pesos para las empresas privadas en perjuicio de los gobiernos nacional y provincial.
Carlos Del Frade se pregunta si “existe una postura política clara en defensa de los trabajadores del sector que, ya en estos días, perciben que un trabajador de empresa privada, nombrado bajo la denominación inglesa de “surveyor” (inspector topógrafo) recibe 1.500 pesos por seis horas de trabajo mientras un agente estatal apenas 112 pesos”.
Proyecto de Declaración
El 8 de febrero, Del Frade presentó un proyecto de declaración debido a que los trabajadores del Senasa de la provincia de Santa Fe, alrededor de 450 personas, expresaron su preocupación por la derogación del decreto 260 del año 2014 que establece la voluntad indelegable del estado nacional para controlar lo que entra y sale de los puertos ubicados en el territorio.
Los trabajadores sostienen el “rechazo a la delegación y tercerización de funciones indelegables del estado en manos privadas. Como lo es la derogación del decreto 260/14 que quita el control de Senasa “. De acuerdo a Del Frade. estos trabajadores santafesinos, “ubicados especialmente en las zonas portuarias que van desde Villa Constitución a Puerto General San Martín, comienzan a percibir la presencia de controles privados de empresas multinacionales como SGS, COTECNA, Schutter y Control Uncon, a los que se suman empresas nacionales corno Operagro”.
Para el legislador, la tercerización de funciones del estado nacional repercute en el medio ambiente, salud y alimentación de la provincia de Santa Fe, como también en el debilitamiento de los organismos de control sobre las grandes exportadoras radicadas en el territorio santafesino. Además, consideró que “tiende a la desaparición de la barrera sanitaria, algo fundamental no solamente
para el comercio internacional, propiamente dicho, sino también para la calidad de vida de toda la población, en este caso, santafesina.
Por eso, según Del Frade, la derogación del decreto 260 “le significará un gran ahorro a las exportadoras pero un pésimo negocio a los estados, ya sean el nacional como los provinciales”.
