«Tengo a dos personas detenidas; una a casi 600 kilómetros y la otra a 370 de Reconquista», afirmó el funcionario del MPA. Además, contó que hay escasez de combustible en móviles policiales, falta de lugar para alojar detenidos, inconvenientes para los abogados defensores, entre otras complicaciones.

A partir de la detención en las últimas horas de tres personas por promoción de la prostitución agravado por el vínculo y abuso sexual con acceso carnal, salió a la luz una serie de problemáticas en el servicio de Justicia en el norte provincial que dificultan el normal desarrollo de los procesos.

En este caso puntual, por los hechos, hubo una investigación, una denuncia de vecinos y actuación de personal de niñez, y la Agencia de Trata que estableció evidencias suficientes para detener a tres personas. Por un lado, la madre de las víctimas, el concubino, y un tercero.

“Se pidieron las órdenes de allanamiento, se realizaron las detenciones y hubo dos sorpresas. Primero, que el allanamiento estaba previsto para los días finales del mes pasado, y hubo que esperar al 1° de octubre porque no tenían nafta para el operativo. Este día habilitan la partida y pueden volver a sacar combustible para los móviles policiales. Esto generó que no haya tenido tiempo para proponer alguna medida de prueba a la policía”, sostuvo el fiscal del MPA, Aldo Gerosa.

Además, Gerosa se preguntó por qué no hay lugar para alojar a los detenidos, “sobre todo cuando son de la Agencia de Trata, y hay que empezar a deambular por la Provincia para pensar dónde se los puede alojar. Efectivamente la mujer terminó en Rafaela y uno de los hombres en Rosario”.

“Es decir que a raíz de esta investigación tengo a dos personas detenidas; una a casi 600 kilómetros y la otra a 370 de Reconquista. El juez puede entender que no están dadas las circunstancias y dejarlos en libertad, entonces el móvil policial va a tener que buscarlos nuevamente para traerlos nuevamente a su domicilio. Es una barbaridad, una cosa que no tiene sentido”, declaró el fiscal.

“Los problemas venían mostrándose hace un tiempo. Pero ahora que la Policía de Investigaciones depende de una autoridad, y los de Trata de otra, el Jefe de Policía solo tiene la cuestión prevencional, los de seguridad Rural otra estructura; en definitiva no hay dónde alojar personas detenidas a la espera de audiencias en nuestra circunscripción. Incluso a veces se ha recurrido a alguna comisaría donde no hay certeza de que quede hasta la audiencia imputativa y pueda llegar a ser liberado por el fiscal. Pero no siempre eso es factible”, subrayó.

En este contexto, también hay otra problemática para el abogado defensor que “si los presos están alojados acá, va y los visita en celaduría. En estas circunstancias, tiene que llamar a la Unidad de detención, tratar de que alguien le pase un celular al preso, hablar, confiar en que no están grabando la conversación -porque son cuestiones privadas-. Es una situación bastante poco fácil de procesar para todos los operadores del sistema. Aparte, el juez está viendo a una persona que no está presente y en su lugar de detención”, detalló Gerosa.

“No está siendo seria la respuesta que tenemos, no se puede trabajar de esta manera. Y lamentablemente los resultados que vamos a obtener no serán los óptimos. Estamos emparchando como se puede. Esto implica desgaste del personal, de los materiales, gastos de combustibles, viáticos; costos que no tienen sentido. Nos preocupa, porque en lugar de buscar soluciones que optimicen y solucionen el sistema de Justicia, estamos creando situaciones que en algún momento van a producir fallos involuntarios, porque hacemos lo mejor posible. No nos están dando las circunstancias para que esto sea un servicio de Justicia óptimo para la comunidad”, finalizó el fiscal.

Fuente – Sin Mordaza

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