Hablar de la “Justicia” es en realidad hablar del sistema de administración y aplicación de las leyes, o sistema de justicia (SJ), y para no entrar en debates interminables o discusiones filosóficas, es necesario contar nuestra perspectiva basada en la experiencia práctica donde reconocemos y encontramos puntos en común. Primero, decir que el SJ está colapsado no va a sorprender a nadie, lo dicen los mismos funcionarios y profesionales que administran o trabajan en él; segundo, creemos que lograría un amplio consenso social que para muchos el SJ se ha vuelto un negocio que persigue más el lucro que la justicia; y tercero, al igual que el Poder Legislativo -que hace las leyes y normativas que regulan las relaciones humanas en sociedad- y el Poder Ejecutivo -que administra la cosa pública-, el Poder judicial impacta de igual manera en el día a día de la sociedad.
Teniendo en cuenta estos tres puntos, creemos entonces que, es necesario contar lo que nos pasa, buscando que nuestros vecinos y vecinas tengan una mejor convivencia (que se traduce en mejor seguridad, porque muchos de los conflictos que vemos a diario son entre personas conocidas, familiares o vecinos) lograr que muchos de esos conflictos se resuelvan antes de que se inicie un expediente judicial; y por supuesto evitar los costos personales y privados, y los costos que le representa al Estado en lo material, en el tiempo en lo administrativo, y en los recursos humanos, es el objetivo.
En los últimos 5 años, incluso antes, las vecinales han insistido con implementar métodos de prevención que resuelvan los conflictos de convivencia, o delitos menores, antes de que estos lleguen al SJ. Le federación de Vecinales desde 2017 hasta finales del 2019 fue partícipe de la Mesa Interagencial de Seguridad conformada por el Ejecutivo provincial, el Ejecutivo Municipal, la URIX, las comisarías, el MPA, las instituciones escolares, las organizaciones sociales, entre otros. Lo que le brindaba una mirada bastante completa implementando políticas que empezaban a tener resultados positivos.
En el año 2018, durante el gobierno de Miguel Lifschitz, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA o fiscalía) nos invitaron, al igual que a otras instituciones, municipalidades y comunas del departamento, a capacitarnos en mediación comunitaria dictada por La casa de la Pax Cultura (institución que tiene excelentes docentes en el tema), allí 5 vecinalistas, junto a decenas de integrantes de otras instituciones y personal de diferentes Municipios y Comunas, comenzamos un proceso de capacitación que continuó en 2020 y 2021, durante el gobierno de Omar Perotti, con capacitaciones en Resolución alternativa de conflictos y Justicia Restaurativa.
Nos preguntamos entonces, ya que tenemos instituciones y cantidad de funcionarios y personal municipal que viene capacitándose y que podría aplicar ese conocimiento y acumular experiencia ¿Por qué no se implementa formalmente, y con recursos materiales y humanos, una oficina de Mediación Comunitaria Municipal?
Hemos expresado al principio de esta nota, que el SJ está colapsado, y muchas de esas causas, que podrían prevenirse o resolverse en una instancia municipal, tardan años o nunca se resuelven en el SJ, y la misma suerte recae sobre delitos graves, temas más difíciles, complejos y de impacto colectivo. Es decir, por la cantidad se retrasan los casos menos graves, pero también los graves.
Otro de los temas que satura el SJ son los expedientes donde los propios abogados solicitan el cobro de sus honorarios a sus clientes, sea que se resuelva el problema o no; estos expedientes llenan estanterías, muchos de ellos provenientes de la mediación judicial. Los vecinos se acercan al SJ para buscar una solución, y si llegan a encontrar esa solución, es después de mucho tiempo, y sale más caro el collar que el perro.

Volviendo a nuestra tarea, la Federación de Vecinales intenta colaborar en el abordaje de la situación de convivencia y la búsqueda de justicia, desde una mirada social y no desde la burocracia, desde el vecino que busca una solución y no más problemas, desde el sentido común y no del interés sectorial, desde las necesidades generales del ciudadano que quiere que las instituciones y los organismos del Estado funcionen, y no desde la pugna por nombramientos.
Es nuestra necesidad e interés obtener una sociedad con justicia social, donde los problemas podamos resolverlos en el seno de la comunidad resarciendo al damnificado y concientizando al ofensor, donde el policía perfectamente capacitado nos brinde prevención y seguridad, donde los problemas que lamentablemente lleguen al SJ tengan una resolución rápida protegiendo los derechos de las víctimas y los victimarios.
Hemos comentado cuáles fueron nuestras actividades en pos de colaborar para mejorar la convivencia diaria, y queremos terminar dejando la siguiente idea: Involucrarse nos hace ser partícipes y responsables, en parte, de lo que nos pasa. No queremos ser meros espectadores para luego quejarnos. Ahora, sabemos que hay responsabilidades mucho más grandes que competen a quienes deben convocar a la sociedad civil a través de sus instituciones a participar y contar su mirada, y esas responsabilidades pasan por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a todos los niveles del Estado.

 

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