Para el responsable de la Unidad de Delitos Económicos, la compañía ocultó su realidad económica financiera en el período previo a su default (diciembre de 2019), a través del incumplimiento de estándares internacionales de contabilidad.
Los principales integrantes de la agroexportadora Vicentín, una de las empresas emblemáticas de la provincia, fueron formalmente imputados por el delito de estafa, en el marco de una audiencia celebrada este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La acusación corrió por cuenta del fiscal Miguel Moreno, quien siguió la pista de una serie de denuncias efectuadas por bancos y proveedores granarios. Como se esperaban pedidos de detención, los abogados de la defensa solicitaron un cuarto intermedio, concedido por el juez Román Lanzón hasta el próximo jueves.
Amén del diferimiento de la audiencia, el magistrado sí habilitó la lectura de la imputación, que transcurrió por los carriles esperables, según la información que se venía manejando en la previa. Para el responsable de la Unidad de Delitos Económicos, la compañía ocultó su realidad económica financiera en el período previo a su default (diciembre de 2019), a través del incumplimiento de estándares internacionales de contabilidad. El núcleo de las irregularidades pasó, según su versión, por la irregular registración de los contratos «a fijar», en los que el precio se determina con posterioridad a la entrega de los granos.
Según expuso el fiscal, el ocultamiento de la situación quedó en evidencia por la notable diferencia que existió entre los números que mostró Vicentin entre julio y octubre de 2019. En tan solo tres meses, la compañía pasó de exhibir una posición en granos de u$s 455 millones a u$s 30 millones. Al mismo tiempo, la deuda comercial en ese período pasó de u$s 32 a u$s 571 millones.
Para Moreno, no quedan dudas que la empresa confeccionó los balances de 2017 y 2018 con información financiera falsa, lo mismo que los diversos informes trimestrales que presentó ante los bancos internacionales. El fiscal consideró que el anuncio de «estrés financiero» de diciembre de 2019 fue simplemente «el desenlace de un deterioro que se venía gestando desde principios del año anterior».
En el banquillo
El responsable de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó a 15 integrantes de la agroexportadora, 14 de los cuales estuvieron presentes en la audiencia celebrada en Rosario: Daniel Buyatti (presidente del directorio hasta septiembre de 2020), Alberto Macua (vicepresidente hasta la misma fecha), Roberto Gazze, Máximo Padoán, Cristian Padoán, Martín Colombo, Sergio Vicentín, Pedro Vicentín, Roberto Vicentín y Yanina Boschi (todos ex directores titulares); Omar Scarel (síndico en el período previo al default y actual presidente del directorio); y Robertino Boschi, Miguel Valazza y Javier Gazze (accionistas con participación en diversos hechos). El único ausente, por motivos de salud, fue Raúl González Arcelus, ex síndico.
Moreno dividió su imputación según las diversas denuncias recibidas, que versan siempre sobre el período previo al default. En diálogo con la prensa, planteó que por la acumulación de hechos está en condiciones de pedir, el caso de los integrantes del directorio, las penas máximas que prevé el delito de estafa (50 años).
En lo que respecta a la presentación de los bancos internacionales, el fiscal acusó a los integrantes del directorio (en carácter de coautores) por el delito de balances falsos en concurso real con defraudación y estafas, en seis casos. Respecto al síndico, lo imputó como partícipe necesario. En tanto, también acusó por estafa a Javier Gazze y Miguel Valazza, quienes firmaron diversos certificados de compliance. Similares imputaciones corrieron en la denuncia del banco Macro.
Referido a los acreedores comerciales, Moreno acusó al presidente, vicepresidente y directores titulares por el delito de estafa en cinco hechos, en calidad de coautores. También imputó por el mismo delito a Robertino Boschi – sindicado como encargado del área comercial -.
A la hora de explicar las responsabilidades, el fiscal explicó que resultaba procedente asignarlas a todos los integrantes del directorio porque la empresa no contaba con un manual de procedimientos que asignara roles específicos, sino que funcionaba bajo una lógica más bien familiar. Moreno habló de un directorio «profundamente involucrado» en los negocios, sin una estructura formal que designara funciones y tareas.
Fuente – www.ellitoral.com
