En esta nota el comunicado del MPA y el parte d prensa de los senadores provinciales integrantes del Bloque Juan Domingo Perón.

«Ante la decisión de la Cámara de Senadores de crear por resolución una comisión de estudio, investigación, seguimiento y evaluación del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA), las autoridades del MPA –siguiendo lo debatido en una reunión extraordinaria de la Junta de Fiscales realizada el pasado viernes– manifiestan que:

1 – se trata de una decisión de la Cámara Alta que denota una gravedad institucional inusitada y que es una clara intromisión en el MPA y en las investigaciones penales en curso. En tal sentido, es un avasallamiento no sólo al MPA sino al Poder Judicial en su conjunto y lejos está de poder encuadrarse en el sistema de pesos y contrapesos que debe existir entre los Poderes del Estado;

2 – está fuera de todo marco convencional, constitucional y legal y contradice los artículos 5; 6 y 29 de la Constitución Nacional y los artículos 1; 2; 9 y 46 de la Constitución Provincial;

3 – fue aprobada por la Cámara Alta de forma irreflexiva –habrían pasado apenas 24 horas desde la presentación del proyecto–;

4 – se fundamenta en afirmaciones falaces e imprecisas, referidas a diversas investigaciones judiciales que han sido llevadas a cabo en el ámbito del MPA y, contrariamente a lo alegado por los legisladores, el desarrollo de las investigaciones penales referidas demuestra el correcto y eficaz funcionamiento del organismo en su función de persecución penal, así como de los mecanismos internos de control, con la intervención de la Auditoría General de Gestión;

5 – se contrapone a lo establecido por la ley provincial número 13.013, la cual establece que el MPA tiene sus propios sistemas de control que fueron establecidos en su ley de creación y modificados por el Poder Legislativo de la provincia en diversas oportunidades (ley 13.695 de fines de 2017 y ley 13.807 de fines de 2018, en relación a estas dos últimas hoy está debatida su constitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia);

6 – en el supuesto caso de que se materialicen y exterioricen actos que impliquen el ejercicio ilegítimo de la función pública mediante la realización de algunas de las acciones previstas como ‘facultades’ de esta comisión, se podría configurar la comisión de delitos de ejercicio de funciones correspondientes a otro cargo (artículo 246 tercer inciso del Código Penal) y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal);

7 – fue el propio MPA mediante sus investigaciones penales y administrativas quien transparentó y avanzó con los casos de gravedad institucional (de público conocimiento) apuntalados por una firme decisión de mejora institucional. Asimismo, ante requerimientos que realizó el Poder Legislativo acerca de diversas investigaciones, el MPA siempre brindó la información correspondiente en el alcance que corresponde y en resguardo a los principios y deberes del organismo;

8 – en relación a las facultades autoatribuídas a esta comisión legislativa:

a – la posibilidad de que reciba denuncias y pruebas de los hechos que son objeto de la investigación –función de los fiscales del MPA que tienen a su cargo el ejercicio de la acción penal pública, tal como lo establece el artículo 20 de la ley provincial número 13.013– convertirían a la nueva comisión en una especie de organismo judicial paralelo y se estarían dando a conocer a personas ajenas a los responsables de la investigación pruebas cuya divulgación podría entorpecer el curso de una investigación. Además, no se establece en su caso el procedimiento que habrá de seguir a partir de su recepción, pudiendo incluso dilatar su conocimiento por parte de los órganos fiscales encargados por ley del ejercicio de la acción penal pública;

b – la posibilidad de requerir y recibir declaraciones testimoniales, no existe ley que permita a los legisladores provinciales ‘requerir’ a los ciudadanos que concurran a prestar declaración testimonial en el marco de investigaciones de naturaleza penal.

9 – Por otra parte, las máximas autoridades del MPA resolvieron informar oficialmente las decisiones tomadas al gobernador de la provincia; a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Provincia; a las cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación; al Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; a las asociaciones de Fiscales y Funcionarios del MPA; al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y a las universidades nacionales del Litoral y de Rosario.

Oficina de Prensa y Difusión MPA»

«Los senadores provinciales integrantes del Bloque Juan Domingo Perón salieron al cruce de “quienes públicamente distorsionan la información” respecto de la recientemente creada Comisión de Seguimiento al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y aseguraron que la creación de esta “es una herramienta válida para sumar al mejoramiento de un organismo muy cuestionado” y que “en enorme cantidad de casos se comprobó corrupto”. Remarcaron que el control es parte “de la división de poderes del sistema republicano” y que está contemplado en el artículo 46 de la Constitución provincial y en el Reglamento de la Cámara de Senadores.
“La creación de esta Comisión es una herramienta más que válida para sumar al mejoramiento de un organismo muy cuestionado en su proceder, que con su mal accionar pone en riesgo la seguridad e integridad de los santafesinos y afecta el normal desenvolvimiento del sistema democrático, republicano y representativo de gobierno”, señalaron los integrantes del Bloque JD Perón en un comunicado.
Los legisladores señalaron además que “la imagen y credibilidad del Ministerio Público de la Acusación se ha visto deteriorada en este último tiempo de manera acelerada producto de un accionar, que muchas veces se presume y en enorme cantidad de casos se comprobó corrupto”. En ese sentido, aseguraron que “el dato concreto muestra a una cantidad creciente de profesionales que se desempeñan como fiscales involucrados en actos de corrupción y otros tantos siguen siendo investigados por hechos del mismo tenor”.
Los senadores también explicaron que “pesa sobre el organismo la sospecha permanente, exacerbada este último año, de ser, muchos de sus integrantes, partícipes necesarios de un entramado político judicial para perseguir o proteger el desarrollo de la actividad política y de políticos según convenga al poder ejecutivo de turno”.
“Como representantes de los intereses de los santafesinos, los senadores tenemos la obligación de generar condiciones óptimas para garantizar el mejor funcionamiento de cada una de las instituciones que hacen al sistema democrático, republicano y representativo de gobierno”, insistieron los legisladores justicialistas Armando Traferri (San Lorenzo), presidente del Bloque, José Baucero (San Javier), Rubén Pirola (Las Colonias), Joaquín Raúl Gramajo (9 de Julio), Osvaldo Sosa (Vera) y Guillermo Cornaglia (Belgrano).
Un mecanismo previsto en la Constitución
Respecto de las atribuciones de la Cámara de Senadores en este tema, remarcaron que “la potestad de investigar ha sido una práctica históricamente consustancial al sistema parlamentario”. Y sentenciaron: “Este procedimiento surge como un mecanismo de control que tiene su nacimiento y fundamento en el principio de la división de poderes del sistema republicano de gobierno, que crea una técnica armónica de frenos y contrafrenos entre los diferentes poderes de un Estado. Dicha potestad se encuentra prevista en nuestro derecho doméstico, en el artículo 46 de nuestra Constitución provincial y en el artículo 76 del Reglamento de esta Cámara de Senadores”.
Los senadores justicialistas también evaluaron que “es al menos raro que, para atacar los argumentos de esta iniciativa, se soslaye la necesidad casi natural de que quienes tienen como trabajo observar, investigar para obtener un registro cierto de la realidad, no puedan ser observados, para poner luz en su accionar y que la verdad se sepa”. “Esgrimir este argumento es al menos contradictorio”, criticaron.
Finalmente, los senadores del Bloque Juan Domingo Perón recordaron que “una comisión de similares características existe ya, en la Cámara de Diputados, lo que da por tierra cualquier intento de argumentar con intención de distorsionar el entendimiento del verdadero objetivo de la iniciativa sancionada por la mayoría de la Cámara de Senadores, que se da naturalmente en representación de los intereses de los santafesinos que reclaman más y mejor seguridad”.»

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