La senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, denunció públicamente que en la ciudad de Rosario se venden bebés en una esquina por «60 mil pesos».

Sin dar más detalles ni repreguntas, la acusación la lanzó en La Noche de Mirtha Legrand por Canal 13 de Buenos Aires.

La respuesta de Aníbal Fernández

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se hizo eco de la denuncia de Losada y este domingo por la mañana le preguntó a través de sus redes sociales si había realizado la denuncia formal ante la justicia federal de Rosario.

«Debería saber que es su obligación como funcionaria pública, frente a un delito gravísimo que afecta el derecho a la identidad y contrario a la dignidad humana», apuntó el funcionario nacional.

La respuesta de la Secretaria de Niñez , Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe, Patricia Chialvo:

Ante las declaraciones en medios de comunicación de la senadora nacional Carolina Losada, manifestando que en una esquina de la ciudad de Rosario se llevaría a cabo la venta de niños por $ 60.000, el gobierno de la Provincia de Santa Fe a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Derechos Humanos solicita que la legisladora se presente ante la fiscalía correspondiente con las debidas pruebas del caso.

La Ley Prov. 12.967 de Protec. Integ. de Niños, Niñas y Adolescentes establece la responsabilidad de los diferentes actores del Estado ante la vulneración de sus derechos. Está obligada a realizar la denuncia correspondiente si se anotició de un ilícito contra un niño o niña.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos como organismo de protección y promoción de los DD.HH vela por el cumplimiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en todo el territorio provincial.

El único caso del que se tuvo conocimiento fue en mayo de este año. Situación que refería a una estafa de un progenitor, quién a través de una publicación de Facebook, ofreció a la bebé a la venta. Delito que no se concretó, porque el estafador ni siquiera convivía con la niña y su mamá no estaba al tanto de lo que hacía el papá, quien no tenía a la niña a su cuidado. Cabe aclararse que, la Secretaría de Niñez define el estado de adoptabilidad de NNyA y el RUAGA define, mediante un estricto procedimiento, a los pretensos adoptantes.

El marco legal de intervención del gobierno provincial es la mencionada Ley 12.967. El actual gobierno nacional envío al Congreso, un proyecto de ley (que fuera trabajado con las Abuelas de Plaza de Mayo) y establece tres tipos de delitos sobre la venta de niños y niñas.

Debate que no ha prosperado, porque los representantes de Juntos por el Cambio avanzan con otro proyecto que no contempla las recomendaciones de los organismos internacionales.

Es inaceptable que una temática tan delicada, tan cara a los sentimientos de la sociedad y que afecta tanto a las personas en situación de vulnerabilidad, como es la apropiación de niños y niñas, sea abordado de forma tan irresponsable.

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