Jorge Espíndola es empleado del hospital de Romang, de 61 años y demandó a la obra social por negarle el medicamento Nivolumab.

Jorge Espíndola es empleado del hospital de Romang, de 61 años y demando a la obra social por negarle el medicamento Nivolumab, en varias oportunidades desde mayo de 2019. El afiliado padece de cáncer renal y hace 38 años que es afiliado.

La Resolución con fecha del 30 de setiembre de la jueza Margarita Cismondi del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Tercera Nominación de Reconquista, ordena que: “Se admita la medida peticionada respecto a la prestación del tratamiento con Nivolumab la que deberá proveerse al amparista en forma inmediata”.

“En la medida necesaria conforme el requerimiento del tratamiento indicado por su médica, resolución que subsistirá por 90 días salvo que se resuelva la cuestión de fondo con anterioridad. No puede dejar de señalarse que, el peligro en la demora sumado a la brevedad del procedimiento resulta suficiente para justificar la admisión de la cautelar”, dice el documento.

Lo cierto es que IAPOS deberá proveer ahora el medicamento Nivolumab al afiliado por 90 días de forma gratuita, previa caución para la cautelar otorgada, a partir del día lunes 5 de octubre.

Un amparo cuya cautelar se logró en solo 30 días gracias a la rápida resolución de la jueza y de las abogadas del caso: Cynthia Pellegrini de Reconquista y Graciela Vizcay Gomez de Buenos Aires.

Pero a fines de setiembre, Espíndola sufrió otro ataque: la baja de la obra social, y tuvo que re empadronarse porque figuraba como desafiliado cuando quiso sacar una orden para su médica y bonos para la bioquímica. La obra social negó estos hechos, pero la desmintieron desde la sede de Romang y de Reconquista, donde Espíndola debió presentar DNI y recibos de sueldos, porque según los dichos de los administrativos “desde Santa Fe habían cambiado un número en el DNI de Espíndola, un cero por un seis” y por ese motivo figuraba como desafiliado.

Según los mismos empleados de la obra social: “Estos cambios solo pueden hacerse desde la central de Santa Fe”, y es una forma de represalia para incomodar y angustiar aún más al enfermo.

Un triunfo muy esperado por todos ante la actitud inhumana de la obra social que negó el fármaco solo por su costo, y de forma arbitraria, mientras llenas sus arcas con los aportes de 570 mil afiliados de la provincia de Santa Fe, que tiene de rehenes y a los que no se les permite elegir otra obra social, violando la Constitución Nacional, y descontando porcentajes ilegales y superiores a PAMI en el caso de los jubilados.

Fuente – AGENCIA NOVA

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