El Gobierno de Reconquista busca abordar de manera asociada y estratégica la resolución de problemáticas urbanas y sociales junto con instituciones, organizaciones y vecinos.

En ese sentido, en la noche del martes 3 de septiembre se realizó, en el Centro de Empleados de Comercio, una reunión de trabajo para analizar el incremento, en el último tiempo, en la demanda social alimentaria, el aumento de los costos de los alimentos y la imposibilidad de gran parte de la población para acceder a una canasta básica.

A esto se suma la dificultad presupuestaria del Municipio para hacer frente a dicha demanda creciente, considerando que las partidas que se reciben del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y del Programa Promoción Social Nutricional (ProSoNut) son insuficientes tanto en cantidad como en el monto asignado, recordando que se recibe en este concepto $579.000 y la erogación de la Municipalidad de Reconquista en la materia corresponde a más de $2.000.000 mensuales.

En ese contexto, en el marco del Consejo Consultivo Local se conformó la Mesa de Emergencia Alimentaria, con la participación de casi 100 personas y 24 instituciones, partidos políticos, funcionarios provinciales y municipales, concejales de los distintos bloques, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y asociaciones vecinales, ente otros.

Luego de las instancias de diagnóstico y evaluación de la situación en nuestra ciudad, se priorizó como problemas más importantes el incremento de personas y familias con demandas alimentarias (especialmente en la población adulta), la escasez de recursos y la falta de coordinación apropiada entre las instituciones.

Además, para una mejor proyección y ejecución se realizó un mapeo y relevamiento de organizaciones que entregan alimentos y se agendó una reunión entre un representante de cada institución y el Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Reconquista, el próximo lunes 9 de septiembre.

De esta manera, la Municipalidad de Reconquista desarrolla ámbitos de diálogo apropiados para el diseño y la gestión de acciones colectivas, haciendo más eficiente la intervención del Estado

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