La Justicia rechazó un pedido que presentaron los bancos internacionales acreedores de Vicentin y ratificó la valuación de los activos de la cerealera.

El último 3 de junio, entidades financieras afectadas solicitaron la realización de «una valuación independiente por una firma especialista en la materia» y cuestionaron el informe general publicado por la sindicatura hace unas semanas.

Al respecto, el juez Fabián Lorenzini, a cargo de la causa y del juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, rechazó el pedido elevado por la abogada Antonela Miño, en representación de Matías López Figueroa y Martín Beretervide.

Ambos son socios del estudio Bruchou y apoderados de los acreedores IFC (Corporación Financiera Internacional, del Grupo Banco Mundial), FMO (El Banco de Desarrollo, controlado por el estado holandés), Rabobank y Natixis New York Branch.

«A los fines del correcto y ordenado desarrollo del proceso concursal, hágase saber a la sindicatura que deberá contestar solamente aquellas vistas que fueran corridas por este tribunal, y/o efectuar las manifestaciones que conforme al derecho le corresponda, no correspondiendo -en efecto- manifestarse sobre opiniones efectuadas por otros órganos o acreedores sin que este tribunal lo ordene», expresó el escrito que lleva la rúbrica de Lorenzini.

Por su parte, la sindicatura también se opuso y sostuvo que los acreedores carecen de legitimación para pedir el recurso. «Lo hacen de manera individual y no como integrantes del Comité de Control al cual pertenecen dos de ellos. Se trata de una medida innecesaria que no está prevista por la ley. Resulta extemporánea, inoportuna e inconducente a los fines del proceso concursal», reza un comunicado.

El texto llevado a cabo por los bancos denunciantes, critica «la falta de elementos técnicos» en el informe general de la sindicatura sobre las causas de la cesación de pagos de Vicentin y la omisión de las causas penales por estafa que afrontan los exdirectivos de la agroexportadora.

Asimismo, las entidades acreedoras se quejaron de «las múltiples y graves deficiencias que exhibe el informe complementario de la sindicatura». Como se recordará, el informe ya había sido cuestionado por el Comité de Acreedores de la empresa en abril, al definirlo como «carente de rigor técnico».

Por otro lado, la agroexportadora que defaulteó en diciembre de 2019 y entró en concurso en febrero de 2020, busca llegar a un acuerdo con sus acreedores y negocia la entrada de socios a la compañía.

Fuente – Sin Mordaza

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