La Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) han rechazo la propuesta de una diputada nacional de derogar la Ley 26160.
Mediante una carta firmada por el presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Aborigen, monseñor Luis Antonio Scozzina OFM, y el coordinador nacional de Pastoral Aborigen, Rodolfo Fernández, ambos organismos “repudian enérgicamente” el proyecto de ley de derogación de la Ley 26.160, presentado por la diputada nacional Victoria Villarruel, perteneciente al espacio político La Libertad Avanza.
Al respecto, indican que “ningún representante del pueblo argentino puede pretender el no cumplimiento de la Constitución Nacional Argentina que es violentada por este proyecto”.
La Ley 26.160 a la que refiere la carta, dispone la realización del relevamiento técnico, jurídico, catastral de los territorios comunitarios, suspendiendo los desalojos. Esta, exponen en el documento, “no lleva relevado -en más de 15 años- ni el 50% de los territorios”.
“Los diputados que apoyan esta absurda iniciativa buscan incumplir el régimen constitucional”, afirman, agregando que “es absurdo considerar a las comunidades mapuches como usupadoras”, porque “nadie puede usurpar lo propio”.
Los referentes de la Pastoral Aborigen recuerdan también la historia sangrienta de la Nación Argentina, de muerte hacia los pueblos indígenas, y afirman que “ninguno de los promotores de este proyecto podrá explicar jamás cómo se obtuvieron títulos privados por sobre las comunidades sin otra explicación que la matanza y desalojo violento de los pueblos indígenas”.
Por otra parte, alertan sobre los históricos intentos de invisibilizar a los pueblos indígenas, las sucesivas masacres, y reiteran que este proyecto “implica ausencia de toda lógica jurídica y política, pretendiendo que antes de cumplirse una ley se la intente derogar”, derogación que implicaría volver atrás a más de cien años la historia jurídica, social y política en la Argentina.
Por lo expuesto, solicitan que se desista de aprobar este proyecto de ley e instan a los demás diputados, senadores y otras autoridades a repudiarlo, y a ser conscientes de la gran deuda que tiene el Estado argentino con los pueblos indígenas.
