Se trata de programas de empleo que se superponen con otros beneficios, como el de las becas Progresar. El ajuste implicará un ahorro de $1.300 millones mensuales para el Estado nacional.
El Gobierno avanzó este martes con un notorio recorte del «gasto social» al definir la baja de unas 40.000 fichas del programa Potenciar Trabajo por “incompatibilidad” con otros beneficios, tal el caso de las becas Progresar. Según confirmaron en la Casa Rosada, el ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta junto con el de Educación a cargo de Jaime Perczyk y la Jefatura de Gabinete resolvieron llevar a cabo esta medida.
El anuncio, comunicado casi con sigilo, no cayó nada bien en las organizaciones sociales, quienes salieron a repudiar la medida del Gobierno. Desde el Movimiento Evita señalaron en un comunicado que este inconveniente se debe a la incompatibilidad del artículo 7.2 de la resolución 1868/2021 del Ministerio de Desarrollo Social que establece que las personas no pueden percibir otro subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de capacitación para poder ser titulares del Programa Potenciar Trabajo.
La medida que implicará un ajuste da gastos de unos 1.500 millones de pesos mensuales se encuadra en el contexto de recorte de partidas que pidió el ministro Sergio Massa y las auditorías de Universidades a los planes impulsadas por el gobierno. La explicación oficial para alcanzar esta determinación fue que «el plan Potenciar Trabajo es incompatible con el Progresar» según dijeron en Desarrollo Social. A la vez, explicaron que este «proceso de ordenamiento» de los planes sociales forma parte del esquema de auditorías que empezaron a realizar las universidades nacionales en los diferentes Ministerios.
En el Gobierno explicaron que el único programa que no resulta ser incompatible con otro es la Asignación Universal por Hijo (AUH). Es decir, que se puede recibir un plan de cooperativa de trabajo o empleo y al mismo tiempo contar con la AUH que impuso este recorte porque, según dijeron, se hizo un cruce de datos con los beneficiarios de planes sociales que realizaron no sólo la auditoría de las Universidades sino también la base de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
