El Arquitecto Ernesto Tejerina, representante de la Cámara de la Construcción explicó cuáles son las 3 cuestiones que les preocupan sobre la adjudicación de obras a Cooperativas por parte del Municipio.
Cabe mencionar que en la semana se realizó la primera reunión enmarcada en la Comisión de Seguimiento de la Obra Pública, en la que se trataron 3 licitaciones específicas que fueron adjudicadas a cooperativas, lo que llamó la atención de otras empresas constructoras. En este marco, el Arquitecto Tejerina, sintetizó los argumentos que plantearon al Secretario de Obras Públicas y las respuestas obtenidas.
Primeramente aclaró que las empresas constructoras que conforman la cámara son PYMES, por lo que el estado las toma como tal, es decir, les cobra impuestos, les exige trabajo en blanco, contratos, condiciones de inscripciones, convenios colectivos de trabajo y otras cuestiones más rigurosas. Ante esto, observan que, “en el continente de las obras públicas municipales, el esquema que se había organizado con buen criterio para promover personas desocupadas o fuera del estado laboral a través de la habilitación de cooperativas, se han ido extendido a obras de mucho presupuesto y complejidades mayores, como ser obras de saneamiento a escala, pavimentación, electricidad. Todas estas licitadas durante el 2023”.
En este sentido, desde la Cámara de la Construcción, entienden que es una suerte de competencia desleal habilitada por el municipio mediante las licitaciones que aprobaron.
A su vez mencionan que para realizar obras de gran escala se debe acreditar capacidad financiera, técnica y presentar antecedentes. Esto no lo ven en las Cooperativas a las que se les ha adjudicado las obras. Y está ahí la preocupación, como describe Tejerina: “la obra se construye, se hace, no es un producto terminado como una resma de hoja, por lo que es importante saber que las empresas tienen capacidad técnica y financiera. Es importante demostrar esto para que la obra se haga como corresponde”. Y agrega que “desde el municipio parecería que no es importante que la empresa demuestre estas capacidades y contrata con fe, de que salga bien, entendiendo que pueden ser tercerizadas”.
El tercer componente que también es importante advertir por parte de la Cámara de la Construcción, ante estos tipos de contrataciones de cooperativas, es que de esta manera se permite colonizar la obra pública con condiciones informales de trabajo. Respecto a esto, explican que: “No es lo mismo aquel trabajador que está protegido que actualiza sus salarios que está cuidado en higiene y seguridad, que aporta al sistema jubilatorio y social, que aquel trabajador de cooperativa con monotributo social, que está ejecutando obras públicas por más de 600, 900 millones de pesos”.
Y aquí llaman al Ministerio de trabajo a mirar si no hay un fraude laboral hacia los propios trabajadores de la cooperativa.
Los 3 puntos fueron expuestos en la reunión de Comisión. El municipio respondió verbalmente que las Cooperativas son legales. Pero lo que planteaban las empresas constructoras era que estas Cooperativas acrediten las capacidades técnicas, financieras y de antecedentes para poder ejecutar obras de más de 1000 metros de pavimento, construcciones de viviendas, cuestión que no lo vieron en papeles.
“El ejecutivo municipal dio como respuesta, básicamente lo que dice es que las cooperativas son legales. Nadie discute eso, hablamos de acreditar capacidades técnicas, financieras y antecedentes. Si pueden hacer eso, estaríamos hablando de licitaciones que son legales. Por más que sea una competencia desleal por los impuestos que pagan unos y otros. Faltan ver los papeles que acrediten esto. La respuesta de ejecutivo es verbal, no hay papeles”, comentó Tejerina.
Y adelantó que continuaran insistiendo, agotaran todas las instancias posibles, ya que creen necesario ordenar estas cuestiones delicadas de la obra pública.
