A partir de la nota publicada por los medios de comunicación sobre el proyecto del Gobierno Nacional de eliminar la mitad de las estaciones de peaje en rutas nacionales, nuestro Sindicato se declaró en estado de alerta y movilización. Esta medida, que llevamos a cabo en todo el país, fue fundamental para obtener reuniones con el Ministerio de Transporte de la Nación y Vialidad Nacional, el día miércoles 30 de agosto.
Luego de ambos encuentros, el SUTPA logró ser el único gremio que formará parte de la negociación para discutir un proyecto que atenta contra la fuente laboral de 2500 familias. Es indispensable, por el conocimiento que poseemos de nuestra actividad, que estemos sentados en la mesa donde se discutirá el futuro de los corredores. Además, será el Ministerio de Trabajo quien interceda y actúe entre el gremio y Vialidad Nacional confiriéndole un marco de representatividad.
También, y en paralelo, hemos realizado ante este Ministerio una denuncia de conflicto declarando el estado de alerta, movilización y asamblea permanente debido a los trascendidos en los medios de difusión nacional.
Desde el Sindicato de Peajes hemos sido los primeros en denunciar el mal estado de la infraestructura de las rutas y los accesos y entendemos la necesidad de las obras, pero estas mejoras no deben engrosar los índices de desempleo en un país con el 35% de trabajo informal y más del 30% de pobreza. Además, cuestionamos el programa de Participación Público Privada (P.P.P) que está previsto para las licitaciones de concesiones de estos corredores nacionales.
Los medios de comunicación no mencionan las verdaderas consecuencias de la Ley N° 27.238. Esta controvertida norma fue aprobada en septiembre de 2016 y es una de las herramientas con las que el Gobierno piensa construir infraestructura. La Participación Público Privada se basa en la regulación de un contrato entre el Estado (contratante) y el sector Privado (contratista). Los proyectos de P.P.P son declarados de “Interés Público” por lo que exime al contratista del impuesto a los sellos; así las empresas podrán importar y reexportar maquinarias a su lugar de origen sin pagar arancel importador.
El artículo 4° inciso i) de la ley sugiere la participación directa o indirecta de pequeñas y medianas empresas y el artículo N° 12 expone que los bienes y servicios deberán tener un 33% de componente nacional. Sin embargo, ambas cláusulas quedan supeditadas al libre albedrío del Poder Ejecutivo Nacional que podrá exceptuar o limitar dicha “exigencia” si atenta contra la rentabilidad del contratista. Evidentemente se quiere salvaguardar y privilegiar los intereses de los privados por encima de los intereses de la Nación.
El espíritu del proyecto resulta paradójico para los intereses de la Argentina. Las empresas podrán contratar préstamos, emitir títulos de deuda y constituir fideicomisos con el Estado como garante. Éste queda sin defensas ni beneficios. Sólo adquiere deudas y obras posiblemente sin finalizar, debido a litigios por indexación, actualización de tarifas, indemnizaciones, etcétera. Ante estas controversias se da la posibilidad al contratista de optar por tribunales arbitrales extranjeros que, con la experiencia reciente con los Fondos Buitres, resultan desfavorables para nuestro Estado.
Anteriormente, estos contratos eran propuestos por el sector privado y se autofinanciaban. Con esta ley se modifica sustancialmente esta operatoria: El Estado es quien se endeuda sin control ni autorización del Poder Legislativo y queda sin defensas por ser garante de préstamos o créditos externos para proyectos privados.
Otro punto relevante a tener en cuenta es el artículo 9° inciso t): “La facultad de ceder, total o parcialmente el contrato a un tercero, siempre que éste reúna similares requisitos que el cedente y haya transcurrido, al menos, el veinte por ciento (20%) del plazo original del contrato o de la inversión comprometida, lo que antes ocurra”. Existen dudas sobre la transparencia de esta acción porque el Estado confiere facultades al privado y pierde la regulación sobre las mismas.
La ejecución del proyecto que propone rutas seguras a través de la Participación Pública Privada, no sólo amenaza con dejar sin trabajo a 2500 familias sino que además atenta contra las PyMes, la mano de obra nacional y expone al estado a ser garante del privado, para asumir los riesgos que puedan surgir a futuro. Esta ley no sólo beneficia el ingreso de capitales extranjeros, sino que además excluye casi en su totalidad a la Industria Nacional.
