Ni premios ni castigos
Por Claudia Balagué
Diputada provincial. Ministra de Educación de Santa Fe 2012-2019
Las recientes medidas adoptadas por el gobierno provincial en relación con el ausentismo docente fueron planteadas desde el comienzo de esta gestión, cuando hicieron hincapié en el gasto con que se encontraron en reemplazos docentes. Asociaron esos recursos en forma directa y lineal a situaciones que, en algunos casos, es necesario revisar y seguramente rectificar. Para ello, volvieron a una vieja receta que data del gobierno de Reutemann y su ministro Bondesio que, con variaciones semánticas, han denominado premio para la asistencia perfecta. Un eufemismo para un dispositivo de control que nunca dio buenos resultados.
Uno de los aspectos más importantes es su unilateralidad de la propuesta. Desde el año 2008, la provincia de Santa Fe, por iniciativa del gobernador Hermes Binner, promulgó la ley Nº 12.958 sobre convenciones colectivas para el sector del personal docente, vigente en la provincia desde el año 2009. Se trata de un ámbito de discusión paritario entre el Estado y las organizaciones gremiales que representan a los y las trabajadores de la educación. Con este “premio”, por primera vez desde la recuperación de la democracia, el Estado toma una medida que afecta el salario docente al margen del espacio institucional previsto para este derecho de todo trabajador.
Un segundo aspecto a considerar sobre esta medida es que su valor económico está vinculado implícitamente con la presunta cancelación de otros derechos logrados en la discusión paritaria, así como sobre derechos constitucionales vigentes en el Art, 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Concretamente, afecta a las licencias que las y los docentes utilizan en caso de enfermedad, o para el cuidado de un hijo o hija, embarazo, violencia de género o violencia institucional u otros causales, y cuyo goce será objeto de la pérdida de la asistencia perfecta, y por tanto, del “premio”.
Un tercer aspecto es que esta política afecta sólo a los docentes de instituciones de gestión estatal, dejando de lado a los docentes de gestión privada. Resulta incomprensible que una política que se consideraría beneficiosa para la enseñanza y aprendizaje de los y las estudiantes, discrimine un sector muy importante de la educación pública. Esta desigualdad manifiesta se suma a los vouchers que, en tanto subsidio a los y las estudiantes, fue sólo dispuesto para el sistema de instituciones de gestión privada. Los beneficios para la comunidad educativa no deben ser segmentados: deben basarse en un principio de igualdad y solidaridad sin distinciones.
Las desigualdades sociales se expresan de diversas maneras en la sociedad y se evidencian fuertemente en el sistema educativo. El gobernador Binner, atento a esta problemática, creó en el ámbito del Ministerio de Educación en el año 2007, la Dirección Provincial de Bienestar Docente. Un espacio dedicado a la articulación de medidas sociales que ayuden a paliar, desde el Estado provincial, situaciones personales o colectivas que permitan el ejercicio de la profesión docente de manera saludable, solidaria y responsable. El Estado provincial debe valorar estas situaciones complejas y resolverlas favorablemente en lugar de profundizarlas. Sin premios ni castigos.
