Fue esta mañana en el marco de una audiencia pública que se realizó en la Cámara de Senadores de la provincia. María Cecilia Vranicich hizo hincapié “en un contexto social de alta complejidad en la provincia, lo cual nos obligó a diseñar e implementar cambios innovadores y relevantes en la estructura, funcionamiento y procesos de trabajo del MPA”.
En tal sentido, destacó la definición de una política provincial de persecución penal estratégica por objetivos priorizados. También planteó que uno de sus “mayores desafíos es darle a la gestión una impronta propia con lineamientos de política criminal claros, pero manteniendo el respeto hacia la institución que nos trasciende”.
La Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, presentó hoy su Informe de gestión del año 2023. Tal como lo establece la ley provincial número 13.013, la actividad se desarrolló en el marco de una audiencia pública para la cual fue convocada por el
Senado Provincial.
Vranicich recordó que su Informe “aborda las gestiones realizadas durante el primer año de la gestión del tercer gobierno institucional del MPA, iniciado el 20 de abril de 2023”. En tal sentido, agregó que “esta referencia a una tercera gestión resulta
importante porque implica reconocer e historizar el camino recorrido por la institución desde su creación legal en 2009 hasta la fecha”.
La titular del MPA refirió a sus dos antecesores en el cargo y planteó que “luego de una primera etapa fundacional y de una segunda de instalación institucional, en este tercer período se impone la optimización de los procesos y circuitos de trabajo vigentes para que sean más eficientes y eficaces, despojados de prácticas burocráticas, a los fines de dar respuestas institucionales a la altura de la realidad social atravesada por
violencias altamente lesivas”.
“Uno de los mayores desafíos es darle a la gestión una impronta propia con lineamientos de política criminal claros, pero manteniendo el respeto hacia la institución que nos trasciende”, aseguró.
Objetivos priorizados
Vranicich hizo hincapié en que “a los fines de encontrar un equilibrio entre las demandas sociales, la complejidad de la conflictividad penal y los recursos y capacidades disponibles, consideramos de suma relevancia dotar al MPA de una política
de persecución penal transparente, objetiva y eficiente, que establezca criterios de priorización y focalización sobre determinados fenómenos delictivos”. En esa línea,
sostuvo que “necesitamos superar la lógica del abordaje de los delitos en forma aislada, automatizada e irreflexiva, reproduciendo la lógica del caso a caso”.
“Uno de los ejes fundamentales de esa política de persecución por objetivos prioritarios está constituido por la definición de los delitos o fenómenos delictivos que hemos decidido priorizar a nivel provincial”, explicó la Fiscal General.
En tal sentido, argumentó que “la definición de una política de persecución donde hemos establecido cuáles serán los fenómenos delictivos en los que los órganos fiscales y de apoyo deben
priorizar su trabajo cotidiano es una herramienta de innovación en la gestión y, a la vez, una forma de legitimar nuestra actuar ante la ciudadanía”.
Vranicich especificó que “los objetivos priorizados son el abordaje de las violencias altamentes lesivas asociadas a la criminalidad organizada; los mercados ilegales de armas de fuego; los delitos cometidos por funcionarios públicos; los delitos en perjuicio de personas en situaciones de vulnerabilidad; y los delitos que generen grave afectación de derechos”.
Contexto criminal extremo
Vranicich detalló que “las violencias altamente lesivas son un fenómeno fundamentalmente urbano que ocurre en las ciudades de Santa Fe y de Rosario” y añadió que “en la ciudad del sur provincial, la violencia no solo es más extrema que hace
unos años, sino que además se trata de violencias con características distintivas”.
En esta línea, detalló que “mientras en 2014 los homicidios cometidos en un contexto de economía ilegal/organización criminal representaban el 29,1% del total, en 2023 ese porcentaje subió al 64,3%”.
La funcionaria judicial definió que “se incluyen en la categoría ‘Economía ilegal/Organización criminal’ los homicidios vinculados con mercados de producción y/o distribución de bienes o servicios que están definidos como ilegales y/o algunas de las personas involucradas (víctimas y/o supuestos/as autores/as) pertenecen a grupos más o menos estructurados y con cierta estabilidad temporal cuyas prácticas se ordenan en torno a economías ilegales”.
En la misma dirección, sostuvo que “también se observan modificaciones en relación a la existencia de mandato o de pacto previo (sicariato) a la comisión de homicidio, cuyo porcentaje ha aumentado 4,35 veces desde 2014 a 2023”.
Vranicich remarcó que “venimos realizando distintas articulaciones interinstitucionales para mejorar la respuesta del MPA frente a las violencias altamente lesivas” y brindó precisiones acerca del “trabajo con organismos internacionales, locales
y con otros estamentos del Estado a los fines de optimizar los procesos de trabajo”.
La funcionaria enumeró “las articulaciones institucionales con el John Jay College of Criminal Justice de la Universidad de Nueva York; con el Ministerio Público Fiscal de Chile y la Policía de Investigaciones de ese país; con la consultora de Asuntos Gubernamentales para Lationamérica de GTH-DNA; la formación continua a instancia de la Oficina de las Naciones Unidades contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de los Estados Unidos (INL); el convenio con la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación; entre otros”.
Homicidios dolosos
En relación a los legajos penales creados por “homicidios dolosos” (tanto consumados como aquellos que quedaron en grado de tentativa), la Fiscal General informó que “fueron 686 en todo 2023”. También puntualizó que, “por la misma calificación penal, se llevaron a cabo 1.606 audiencias y fueron condenadas 273 personas (106 en juicios orales y públicos y 67 en juicios en los que se abreviaron los procedimientos)”.
Vranicich también refirió al índice de individualización formal en homicidios y aclaró que “consiste en la identificación de los/las autores/as de los homicidios en las investigaciones”.
La Fiscal General explicó que “registramos un descenso en este indicador” y consideró que “a mayor índice de homicidios en contexto de criminalidad organizada desciende la tasa de resolución de casos».
Homicidios para causar temor en la ciudadanía
Vranicich dedicó un tramo de su presentación a los homicidios cometidos entre el 5 y el 9 de marzo de este año en la ciudad de Rosario.
“Como decíamos, se advierte una nueva lógica criminal sin antecedentes en la historia de la provincia”, manifestó y
advirtió que “existen claras evidencias de que se dieron en un contexto de sicariato cometidos por jóvenes no punibles, extremo que plantea un fuerte desafío a la institucionalidad y nos interpela como sociedad toda”.
Microtráfico de drogas
Vranicich también brindó detalles acerca de la implementación en la provincia de la ley por la cual la provincia de Santa Fe adhirió a la Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, la cual entró en vigencia el viernes 29 de diciembre del año pasado.
“Creamos el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General con la responsabilidad institucional de poner en marcha la normativa de manera inmediata en el marco de la priorización del abordaje de las violencias altamente lesivas originadas en el mercado ilegal de drogas”, apuntó Vranicich.
No obstante, enfatizó que “con los recursos existentes, y hasta tanto se asignen presupuestariamente los cargos creados por la ley y se adquiera la aparatología necesaria para realizar las pericias de estupefacientes, iniciamos un proceso de implementación gradual y progresiva de la nueva norma”.
La titular del MPA también valoró la confección de la Guía de actuación para fiscales del MPA en investigaciones en el marco de la ley de microtráfico.
Vranicich remarcó que “al 20 de abril de 2024, el MPA obtuvo la autorización judicial para que se realice el derribo de 19 búnkeres (12 en Rosario, 3 en San Lorenzo y 2 en la ciudad de Santa Fe), y hay 3 más con autorización pendiente». Sostuvo que “las
solicitudes de derribos y tapialamientos de inmuebles que son utilizados como búnkeres se enmarcan en la estrategia de persecución penal de priorizar las investigaciones en
relación a los mercados abiertos de drogas, entendiendo por tales aquellos que operan en público (calles, plazas, búnkeres y otros puntos de fácil ubicación), en tiempos preestablecidos y en un área geográfica definida”.
Vranicich informó que “entre el 29 de diciembre de 2023 y el 20 de abril de 2024 se registaron 1.158 requerimientos relacionados a microtráfico, se realizaron 104 audiencias imputativas, se imputaron 168 personas y 107 quedaron en prisión preventiva”.
«De las personas investigadas por microtráfico en ese período en todo el territorio provincial, 202 fueron mujeres, de las cuáles 33 quedaron en prisión preventiva», afirmó la Fiscal General.
«El criterio para definir avanzar en una imputación se basa en el
análisis interseccional con perspectiva de género», sostuvo y explicó que «se tienen en cuenta el rol asumido por las mujeres que están involucradas en hechos junto a otras personas, el estado de vulnerabilidad, la autonomía para decidir participar, el vínculo con quien coordina la actividad, entre otras circunstancias».
Intervención focalizada
En su Informe de gestión, Vranicich destacó «el valor de la intervención focalizada como herramienta estratégica de abordaje interinstitucional», y aseguró que «este tipo de acciones permite mejorar la respuesta del MPA ante las violencias altamente lesivas».
Específicamente, mencionó que «desde principios de este año, se trabaja de forma conjunta con el gobierno provincial y las municipalidades de Rosario y Santa Fe en el programa Intervención Barrial Focalizada (IBF)».
Al respecto, indicó que «los operativos están orientados a la prevención social, comunitaria, situacional y a la persecución
penal estratégica en áreas urbanas con alta conflictividad».
Por otro lado, anunció que «se está avanzando en la articulación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), para lograr vincular armas de fuego y municiones entre distintos hechos criminales».
Señaló que «el objetivo es detectar el desvío de esos elementos desde el mercado legal hacia las manos de organizaciones criminales».
Armas de fuego en violencias altamente lesivas
La titular del MPA refirió a las armas de fuego “como factor facilitador de violencias” y expuso que “se puede visualizar el aumento de 7 de cada 10 homicidios a casi 9 de cada 10 por armas de fuego en 2022 y más de 8 de cada 10 en 2023”. En tal
sentido, advirtió que “estas proporciones son muy elevadas respecto de otras ciudades de la Argentina”.
“Respecto de la distribución territorial en la provincia en 2023, de las 1.311 personas heridas de arma de fuego registradas en el territorio santafesino, 9 de cada 10 tuvieron como escenario a los departamentos La Capital o Rosario”, precisó la Fiscal General. “El departamento Rosario tiene una tasa de 60,1 personas heridas de armas de fuego por cada 100 mil habitantes en 2023. El 82,1% de los casos de este departamento, se concentran en la ciudad de Rosario, donde se detectan más de 600 heridos/as de armas
de fuego por año, llegando a su punto más alto en 2022 con 739 personas y 646 en 2023”, concluyó.
Víctimas
“Otro de los lineamientos estratégicos de gestión priorizados por la Fiscalía General es el abordaje a las víctimas”, remarcó Vranicich y sostuvo que “el objeto es garantizar la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia y el acercamiento institucional a las mismas”.
La Fiscal General añadió que “dicha prioridad está en consonancia con la ley 14.181 que establece como principio de actuación la rápida intervención, el enfoque diferencial, la efectiva participación de la víctima en el proceso, la no revictimización, la perspectiva de víctimas, la transversalidad y el abordaje integral e interdisciplinario”.
En tanto, la Fiscal General refirió a distintas acciones institucionales puestas en marcha en relación a las víctimas y destacó el trabajo coordinado con asociaciones de víctimas y familiares de víctimas de delitos. A su vez, puntualizó que «se llevó a cabo el diseño colaborativo y la implementación del curso obligatorio sobre derechos y garantías de las víctimas, tal como lo establece la ley en su artículo 12», y agregó que «la
primera cohorte finalizó la semana pasada».
Fiscales
Vranicich también precisó que “en 2023 los fiscales participaron de un total de 28.790 audiencias, es decir, un promedio de 79 por día”, y aclaró que «el total incluye las que fueron realizadas en tribunales y las llevadas a cabo en las sedes de las Fiscalías».
Además, brindó precisiones acerca de las personas privadas de su libertad en la provincia. Dijo que “al 31 de diciembre de 2023 eran 10.502 personas, de las cuales, el 60% tienen condena firme”.
“El año pasado hubo un total de 3.816 condenas, de las cuales, 333 fueron en juicios orales y públicos y 3.483 en juicios en los que se abreviaron los procedimientos”, informó.
Fortalecimiento institucional
La Fiscal General también se explayó sobre las acciones de fortalecimiento institucional llevadas adelante en relación a la Secretaría General, el Organismo de Investigaciones y la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción Judicial.
Finalmente, indicó que «en este marco de interinstitucionalidad cobra centralidad el vínculo del MPA con los poderes Ejecutivo y Legislativo y con la Corte Supema de Justicia de la Provincia».
Concluyó con «una invitación a los legisladores santafesinos a
reformular el régimen disciplinario de los Fiscales y Fiscales Adjuntos, extremo que constituye uno de los desafíos más importantes para el MPA en los años venideros».
