El beneficio alcanzará a los departamentos General López y Vera, según lo determinó la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
El pasado miércoles en Buenos Aires se reunió la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Durante el encuentro se analizó el impacto de las lluvias producidas entre enero y abril de 2017 en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Chubut y Santa Fe.
Representando a Santa Fe, participó de la reunión el subsecretario de Agricultura, Diego Fournell, y nombre del gobierno nacional, el secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie; y el subsecretario de Coordinación Política, Hugo Rossi, entre otros.
Como resultado, se resolvió homologar el decreto provincial Nº 2506 a nivel nacional que declara la emergencia agropecuaria por inundaciones hasta el 31 de diciembre de 2017 en los departamentos Vera y General López.
Tras la reunión, Fournell indicó que además, “los cuatro distritos del departamento 9 de Julio -que son Gato Colorado, Gregoria Pérez de Denis, Santa Margarita y Villa Minetti, incluidos en la norma provincial- no ingresan en esta homologación ya que habían alcanzado esa condición con antelación”.
Además, explicó que “hasta el 31 de octubre los productores afectados tendrán tiempo para presentar sus declaraciones juradas” y aclaró que, si bien no se renueva automáticamente, “se los ayudará con la simplificación del trámite para que obtengan su certificado”.
Según la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria -Ley N° 26.509, los productores alcanzados por la misma podrán acceder a algunos de estos beneficios: asistencia técnica y financiera mediante aportes no reembolsables para recomponer la capacidad productiva, asistencia financiera mediante créditos blandos y prorrogas impositivas especiales.
Cabe recordar que la Comisión es presidida por el Ministerio de Agroindustria y está integrada por el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Banco Nación, el Banco Central, la Administración Federal de Ingresos Públicos, los ministerios del Interior, Obras Públicas y Vivienda; y de Hacienda de la Nación, representantes de las provincias y de las entidades gremiales de la producción.
