La diputada Amalia Granata ha denunciado al Fiscal de Estado del gobierno de Maximiliano Pullaro por supuestas maniobras irregulares para cobrar honorarios. En una sesión legislativa, Granata acusó al funcionario de estar «de ambos lados del mostrador» en un caso altamente sensible para la provincia, tanto emocional como económicamente.
Granata explicó que el Fiscal de Estado, en su anterior rol como abogado, representó a las víctimas de las trágicas inundaciones que en 2003 afectaron la ciudad de Santa Fe, y que la Corte Suprema de la provincia ordenó indemnizar. Sin embargo, ahora, como Fiscal de Estado, representa los intereses de la provincia, que busca evitar esos pagos y no los apeló.
La diputada señaló que mediante un pedido de informe presentado el jueves, solicitó al ejecutivo información sobre el fiscal, quien debería haber renunciado a ser abogado de las víctimas al asumir su nuevo cargo. Según Granata, no solo no renunció, sino que intentó sustituir su nombre con el de su esposa para cobrar los honorarios, lo cual es ilegal. Al ser descubierto, habría puesto a su socio como patrocinador de las víctimas para seguir recibiendo los honorarios.
«Lo más grave es que el damnificado, en su rol de Fiscal de Estado, pidió a la corte un pronto despacho para acelerar el pago de honorarios. Esto es un escándalo», afirmó Granata. La diputada cuestionó si el gobernador tiene conocimiento de estos hechos y exigió que el funcionario no permanezca ni un segundo más en su puesto.
Granata concluyó señalando que el rol del Fiscal de Estado es incompatible con su rol como defensor de las víctimas, y que ahora pretende cobrar a través de su socio al no poder hacerlo directamente. «Esto ya se conoce desde diciembre», finalizó la diputada, pidiendo una respuesta inmediata del ejecutivo.