El diputado provincial Carlos Del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, expresó en Radio Amanecer su postura crítica ante el proyecto de presupuesto 2025 del gobernador Maximiliano Pullaro.
Con un total estimado de $10,6 billones, el presupuesto representa un incremento del 119,10 % respecto al ejercicio 2024 y prioriza áreas como la seguridad y la infraestructura penitenciaria, mientras que sectores sociales clave reciben una asignación reducida.
Del Frade señaló que la gestión de Pullaro minimiza los derechos humanos en la distribución de los recursos, una decisión que, según el legislador, expone las prioridades del gobierno provincial. “El presupuesto santafesino 2025 es un manifiesto conservador que trabaja más sobre las consecuencias que sobre las causas de la concentración de riquezas y el aumento de la pobreza”, afirmó.
El diputado advirtió que Santa Fe enfrenta un agravamiento de la situación social, con un aumento de 300 mil personas bajo la línea de pobreza en el último año, alcanzando cerca de un millón de santafesinos afectados, según el INDEC.
Del Frade cuestionó la falta de inversión en políticas sociales y exigió al gobernador Pullaro que adopte «alguna rebeldía política» frente al gobierno nacional de Javier Milei, con el fin de mitigar la crisis económica que afecta a la provincia.
El presupuesto destina un 3,65 % del gasto total a la “Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales”, un nuevo rubro compuesto mayoritariamente por emergencias en seguridad y el servicio penitenciario, mientras que los ministerios de Igualdad y Desarrollo Social, Trabajo, Cultura, Ambiente y Defensa Pública Penal cuentan con asignaciones mínimas, representando el 1,57 %, 0,85 %, 0,25 %, 0,13 % y 0,002 % del gasto total, respectivamente.
Del Frade enfatizó la necesidad de adoptar una postura más autónoma en la administración provincial para priorizar las necesidades locales. «Será muy difícil vivir con lo nuestro desde Santa Fe si no existe algún tipo de rebeldía política ante la administración nacional que contemple cobrar primero los derechos aduaneros o pagar la energía eléctrica con fondos adeudados, como el incentivo docente o el apoyo al transporte», concluyó.
