En medio de la larga disputa judicial y económica por la quiebra de Vicentin, un nuevo jugador ha emergido: el grupo inversor nacional CIMA, encabezado por el financista Esteban Antonio Nofal. Este grupo, en asociación con el corredor de cereales Mariano Grassi, ha liderado la compra de la deuda de la agroexportadora en quiebra, que asciende a 447 millones de dólares, deuda contraída con bancos internacionales.
La quiebra de Vicentin en 2019 dejó un rastro de acreedores que suman un total de 1.600 millones de dólares, y la situación continúa siendo resuelta en tribunales. CIMA, cuyo nombre es aún desconocido para muchos sectores políticos y sociales de la provincia de Santa Fe, ha conseguido entre 50 y 70 millones de dólares para adquirir la deuda de la compañía.
El grupo CIMA ha sido vinculado a Mauricio Macri, según declaraciones del diputado provincial santafesino Carlos del Frade. Además, se señala que Nofal habría tenido contacto con Grassi, el principal acreedor argentino de Vicentin, quien lidera un grupo de demandantes insatisfechos con el plan de pago propuesto por la empresa en quiebra.
Estanislao Bougain, director independiente de Vicentin, confirmó que CIMA está trabajando estrechamente con Commodities SA, propiedad de Grassi, en la compra de la deuda de los bancos. Bougain también expresó su escepticismo sobre la capacidad de Vicentin para seguir operando mientras se busca una solución.
Esteban Nofal, hijo del fallecido Luis Nofal, cofundador de Torneos y Competencias, ha tenido una carrera marcada por controversias, incluidas acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero, así como su vinculación con los Panama Papers. Además, ha sido parte de diversas inversiones en el ámbito empresarial, incluidas operaciones en Wall Street y fideicomisos relacionados con clubes de fútbol.
La disputa por la quiebra de Vicentin también involucra a otros actores clave como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Viterra y Bunge Argentina, quienes se han alineado con la propuesta de pago de la empresa a los acreedores. Por otro lado, Grassi busca activar un mecanismo de «cramdown» para que otros oferentes presenten propuestas y evitar la quiebra total.
La compra de la deuda por parte de CIMA podría cambiar el rumbo de la disputa judicial. Según Del Frade, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe podría interpretar esta compra como una posible solución fuera del concurso, lo que genera especulaciones sobre cómo se resolverá el caso. Mientras tanto, el sector agroexportador se mantiene expectante, ya que los fondos con los que CIMA pagó la deuda aún son desconocidos para muchos.
El futuro de Vicentin, que emplea a miles de personas y posee una participación significativa en la empresa Renova SA, dependerá de cómo avance este complejo proceso judicial y económico. Además, la situación de los 14 directivos de Vicentin, que enfrentan cargos penales por la fuga de 791 millones de dólares, añade una capa de incertidumbre al caso.
Fuente: Con información de Letra P.
