El juez Aldo Alurralde procesó a los directivos de Vicentin por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, en base a denuncias presentadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Sin embargo, este procesamiento fue apelado y, antes de que la Cámara resolviera la situación, los directivos informaron que se habían acogido a la Ley 27.743, vigente desde junio de 2024.
Dicha normativa establece medidas paliativas y fiscales para empresas, permitiendo la regularización de deudas reclamadas por la AFIP, ahora denominada ARCA, mediante planes de pago.
En este marco, Vicentin incorporó la suma reclamada y formalizó un plan de tres cuotas, abonando más de 400 millones de pesos.
La ley estipula que, una vez completado el pago total de la deuda, se extingue la acción penal y, en consecuencia, se dicta el sobreseimiento de los involucrados.
En virtud de esto, la fiscalía, la Procuraduría de Lavado de Activos y la propia ARCA dictaminaron la extinción de la acción penal contra los directivos de Vicentin en esta causa.
El Estado, a través de esta ley, priorizó la recuperación de los montos adeudados, y una vez concretado el pago, la causa fue cerrada. Además, se dispuso el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre los directivos de la compañía.
