La Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda (CSPA) advirtió hoy que la reciente resolución del Juez Civil y Comercial Dr. Fabián Lorenzini, que prohíbe suspender el suministro de servicios esenciales a Vicentin SAIC durante 60 días hábiles, pone en grave riesgo su estabilidad financiera y la continuidad laboral de su personal.
Deuda creciente y patrimonio comprometido
Según el comunicado oficial Vicentin mantiene una deuda “post concursal” con la cooperativa que, a 24 de abril de 2025, ya afecta de manera considerable su patrimonio. La resolución del juez, dictada el pasado 22 de abril en la causa “Vicentin SAIC s/ Concurso Preventivo” (CUIJ 21‑25023953‑7), impide a la Cooperativa de Servicios Públicos interrumpir o cortar la provisión de energía eléctrica – cuyo costo, sin embargo, debe abonarse puntualmente a su propia proveedora. Este escenario hace prever que la deuda actual podría duplicarse en los próximos sesenta días hábiles, acentuando la presión sobre las finanzas de la entidad.
Riesgo para empleos y servicio local
La cooperativa, única prestadora de servicios públicos en la ciudad de Avellaneda, señaló que la imposibilidad de suspender el suministro no solo compromete su viabilidad económica, sino también la fuente de trabajo de casi un centenar de empleados. “Afrontamos una deuda de carácter magnífico que perjudica en primer término la posibilidad de sostenimiento de la empresa en el corto plazo”, advierte el texto, y alerta sobre la alta incertidumbre respecto al cobro de estos montos adeudados.
Falta de audiencia y llamado a la revisión judicial
La CSPA lamentó que la resolución se haya adoptado “de manera inconsulta”, pese a sus reiterados pedidos de audiencia al Juez Lorenzini. En más de 85 años de trayectoria provincial, la cooperativa asegura haber actuado siempre con solvencia y corrección, y considera que la tutela otorgada a Vicentin no puede realizarse “a expensas de la integridad de otra empresa y su personal”.
Por ello, la CSPA insta al Poder Judicial de Santa Fe a revisar la medida, subrayando que la protección de Vicentin “jamás puede realizarse a expensas de la integridad de otra empresa y su personal” y recordando que la decisión no soluciona el problema de los activos de la concursada ni beneficia a sus propios trabajadores.
