La fiscal y la abogada de los padres de Marcos pidieron una pena de tres años.
La investigación sobre la muerte de Marcos, el niño de 4 años oriundo de Fortín Olmos que pereció ahogado en marzo pasado en una laguna cercana al Centro de Cuidado Infantil de la localidad de Chabás, llega a instancias de desenlace. Los padres del pequeño y la fiscal del caso solicitaron, en audiencia judicial, que la causa pase a juicio oral y le añadieron un pedido de prisión para las dos docentes acusadas; pero las defensas de las maestras rechazaron ese planteo y propusieron que el pleito se dirima con una probation para cada una.
El pasado lunes 20 de marzo un niño de cuatro años fue encontrado muerto en las aguas de un lago lindero al Centro de Cuidado Infantil de Chabás. Marcos estaba a cargo de dos docentes quienes días más tarde resultaron acusadas de homicidio culposo en función de la presentación realizada por la fiscal Marianela Luna. La propia Fiscal y las docentes, acompañadas de sus abogados, se encontraron en el Ministerio Público de la Acusación con los padres del chico y sus representantes legales, en la audiencia preliminar a cargo de la Jueza de Familia Mariel Minetti.
La fiscal y la familia Mansilla como querellante, patrocinadas por Natalia Hollmann y Evangelina Vuksanovich, pidieron que la causa se eleve a juicio oral con una pena de ejecución condicional de tres años, más ocho años de inhabilitación para ejercer el cargo de docente.
Evangelina Bonacalza, la defensora oficial que representa a la docente María Belén M., y Jorge Bedouret, el abogado que representa a Julieta C., rechazaron la propuesta de la querella y pidieron por una probation.
Ambas abogadas defensoras propusieron que las imputadas realicen tareas de servicios en jardines de infantiles, una de ellas haciendo jardinería y la otra mediante donaciones de materiales didácticos, además de bajarles la inhabilitación de un año sin dictar clases.
La jueza Mariel Minetti deberá resolver el caso después de las exposiciones realizadas por ambas partes respecto a las responsabilidades penales de las maestras. Según manifestó Natalia Hollmann, una de la abogadas de la familia Mansilla, también quedó demostrado que el convenio habilitante del Centro de Cuidados Infantiles estaba vencido. En función de ello, hay responsabilidades civiles de los gobiernos comunales y provinciales, que aún no fueron determinadas y están sujetas a una próxima mediación.
Fuente – FM Vida Fortín Olmos
