El gobernador Miguel Lifschitz firmó este lunes el Decreto 0366 que manifiesta la adhesión de la provincia al Día Internacional de la Mujer y las reivindicaciones del movimiento de mujeres.
En ese marco, se dispone que en esta oportunidad, en atención a la dimensión y trascendencia pública que este año toman las manifestaciones y acontecimientos que llevará a cabo el movimiento de mujeres durante ese día, las agentes de la administración pública provincial sean desobligadas de sus tareas habituales de modo de facilitar su participación en las distintas actividades organizadas, con excepción de aquellas que garantizan servicios esenciales y seguridad pública.
El Decreto recuerda que el 8 de marzo fue institucionalizado como Día Internacional de la Mujer por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1975 conmemorando la lucha de la mujer por su participación en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
Además, indica que la conmemoración adquirió singular relevancia, llegando a constituirse como punto de convergencia de actividades coordinadas por el diverso movimiento que las expresa a nivel global, a favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida social, política y económica.
Del mismo modo, reseña el destacado aporte de las mujeres al desarrollo de la economía, al cumplimiento de los fines del Estado, a la educación, al sostenimiento de la vida y a la preservación de la salud, entre tantas otras acciones individuales y colectivas que cumplen diariamente.
Por último, el Decreto menciona que el gobierno de la provincia impulsa políticas públicas activas en la búsqueda constante de construir igualdad de derechos y oportunidades reconociendo el esfuerzo sostenido de las mujeres santafesinas a través del tiempo. Por ello, afirma que en la tarea de acompañar ese proceso y en función de las dimensiones y la trascendencia pública que han tomado este año las actividades, manifestaciones y acontecimientos que llevará a cabo el movimiento de mujeres, el Poder Ejecutivo entiende como necesario adherir y desobliga de sus tareas a todas las agentes de la administración pública provincial, con excepción de aquellas afectadas a garantizar los servicios esenciales y la seguridad pública.
