Es en el marco de las gestiones de regularización dominial que realiza la provincia con el objeto de proteger la vivienda única. El Arazá (departamento General Obligado) presenta un caso único en el que se avanza en la protección al derecho de vivienda.
Miles de familias en la provincia de Santa Fe que no poseían el reconocimiento de los derechos posesorios de sus viviendas, podrán acceder a la escrituración. Con la gestión de la Coordinación Ejecutora Provincial para la Regularización Dominial, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno de la provincia ya resolvió 1100 casos, inició otros 1300 nuevos y avanzó con el trámite en otros 2500.
Se trata de un trámite que desde su inicio y hasta su finalización lleva aproximadamente un año de gestión y permite escriturar a aquellas familias que demuestren que están en posesión de una vivienda, ocupándola de manera pública, pacífica, continúa e ininterrumpida desde el año 2005. La ley especifica además que no deberán poseer otra propiedad que satisfaga sus necesidades de vivienda, corresponde a inmuebles utilizados solo para vivienda y no aplica para aquellos cuyo destino principal sea otro, como por ejemplo baldíos, galpones, comercios o clubes, entre otros.
El equipo de Coordinación de Regularización Dominial trabaja intensamente desde 2016 en la escrituración de viviendas de familias en el marco de la Ley de Regularización Dominial Nº 24.374, o Ley Pierri. A partir de la gestión del ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, se suscribió un convenio entre la provincia y el Colegio de Agrimensores que permite al Ministerio encomendar la realización de planos de mensura a un agrimensor, a través de una designación que dispone el cuerpo colegiado. Esto posibilita ampliar exponencialmente los posibles casos a regularizar ya que muchas familias, cumpliendo los requisitos, no podían avanzar por la falta de mensuras.
Este acuerdo permitió que gran parte de los vecinos que quedaban fuera de la posibilidad de regularizar accedan a realizar el trámite, ya que para poder hacerlo es requisito indispensable disponer de un plano de mensura vigente del lote sobre el cual se asienta la casa. De esta manera, la provincia profundiza las políticas de integración, brindando protección y vivienda digna a los santafesinos.
El Arazá
La Coordinación de Regularización Dominial trabaja actualmente para regularizar el acceso a los títulos de vivienda en más de 100 localidades de toda la provincia, pero El Arazá (departamento General Obligado) presenta un caso único en el que se avanza en la protección al derecho de vivienda.
Por primera vez en la historia de la provincia, desde el Ministerio de Desarrollo Social y a través de la unidad ejecutora provincial para la regularización dominial en virtud del convenio suscripto con el Colegio de Agrimensores, se realizó la mesura de una manzana entera, que resolverá la situación de 40 familias de la localidad que cuenta con 600 habitantes.
El subsecretario de Legal y Técnica, Ramón Soques, relató que se trata de «un primera experiencia que significa un paso adelante para beneficiar a más ciudadanos de nuestra provincia sin escritura, que aún cumpliendo los requisitos de la Ley no tenían mensurado el terreno de su vivienda».
Por su parte, el coordinador de Regularización Dominial, Diego Colono, dijo que “es la primera vez que el órgano que aplica la Ley puede gestionar la confección y aprobación de planos de mensura sin costo para el vecino porque lo asumió el gobierno provincial. Es importante agradecer al Colegio de Agrimensores por resignar la mayor parte de sus honorarios para realizar las mediciones que benefician a los vecinos”.
Del proceso que lidera la Coordinación de Regularización Dominial de la provincia de Santa Fe participan, además, el Servicio de Catastro provincial, que brinda respuesta y colaboración constante; el Registro General de la Propiedad; los colegios profesionales de Escribanos y de Agrimensores; la Escribanía Mayor de Gobierno; y las comunas y municipios que, a través de los convenios suscriptos, contribuyen al avance de los trámites.
En todos los casos, el equipo de trabajo de la coordinación se acerca a cada uno de los hogares junto a trabajadores sociales para visitar a las familias y elaborar un informe social que constata la residencia permanente en el lugar; posteriormente se hace una evaluación de la situación y del caso en particular. Se trata del mismo equipo que forma parte de los operativos del Plan Abre, en las entrevistas y el relevamiento de información en los sectores y barrios más vulnerables.
