El juez de Vera había sido denunciado ante la Corte Suprema por sus fallos sexistas. La diputada Gutiérrez pidió que se inicie el juicio en su contra y que no se le acepte la renuncia que, según algunos medios, habría presentado.
El juez de Primera Instancia en lo Penal del distrito de Vera, Nicolás Muse Chemes, quien había sido denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por un grupo de diputadas y diputados de Santa Fe a raíz de sus reiterados fallos sexistas, habría presentado su renuncia, según trascendió en algunos medios de comunicación. Esta habría sido efectuada tras conocerse el pedido de disculpas públicas del gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, a la joven abusada por su padre, cuyo victimario quedó absuelto a través de un fallo del magistrado. Por este caso, conocido como CER, que fue llevado ante la ONU por las organizaciones de mujeres, el Estado fue obligado a resarcir a la víctima.
La diputada Gutiérrez, que impulsó el proceso judicial contra el juez el año pasado, con el acompañamiento de Luis Rubeo, Inés Bertero, Verónica Benas, Silvia Augsburger y Jorge Henn, instó al máximo tribunal a continuar con el juicio político y no aceptar la dimisión a su cargo. “Consideramos que no sería correcto que la Corte aceptara la renuncia de Muse Chemes si fue presentada, porque esto le permitiría conservar sus privilegios. Es fundamental que se sustancie el juicio para lograr su destitución ya que los casos por los cuales fue acusado son gravísimos”, afirmó Gutiérrez.
La denuncia fue realizada, en junio de 2017, ante la Corte Suprema de Justicia y ratificada dentro de los plazos establecidos por ley especial ante el Magistrado Daniel Erbetta, en ese entonces presidente del máximo tribunal. Fue impulsada debido a los numerosos casos en los que el juez de Vera absolvió a acusados de violación y abuso de niñas, adolescentes y mujeres al no considerar los testimonios y declaraciones de las víctimas, minimizando las pruebas y evidencias contra los imputados y, sobre todo, responsabilizando a las niñas por los hechos, a contramano de todo lo prescripto por las leyes nacionales y convenciones internacionales.
En el escrito presentado, los denunciantes afirmaban: “Como representantes del pueblo y siendo miembros integrantes de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, cuerpo legislativo que presta acuerdo para el nombramiento de jueces, es deber ostensible hacer conocer a la Suprema Corte de Justicia los hechos que evidencian la ignorancia manifiesta del Derecho y la carencia de aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial demostrada reiteradamente por el juez Nicolás Muse Chemes”.
Si la denuncia hubiera sido aceptada, el acusado tendría que haber sido suspendido de su cargo y habría percibido la mitad del salario mientras se tramitaba el juicio. Sin embargo, nada de ello sucedió. Asimismo, la ley prescribe que el procurador general de la Corte Suprema está obligado a formular una acusación por hechos que constituyan causales de remoción de jueces a partir de que toma conocimiento, cuestión que quedó dirimida en dicha oportunidad. Tampoco se conoció si el funcionario cumplió en tiempo legal dicha disposición.
En el escrito, las legisladoras y los legisladores hacen mención al caso CER, por el que el Estado provincial fue conminado a resarcir los daños ocasionados a una víctima de abuso sexual, cuyo violador, su propio padre, fue dejado libre por Muse Chemes. Agrupaciones de mujeres llevaron a la ONU lo sucedido y el organismo internacional concluyó, en 2014, que el gobierno debía ejecutar una reparación, cuestión que se ha concretado recientemente y que ha incluido el pedido público de disculpas de parte del gobernador.
“Creemos que esta situación, sumada a las críticas y el repudio por parte de las organizaciones de mujeres, hizo que Muse Chemes presentara la renuncia. La disyuntiva está planteada. Lo que no puede soslayarse es el indudable daño sufrido por las víctimas. Necesitamos establecer un nuevo paradigma al interior de las personas que imparten justicia, especialmente cuando se trata de mujeres y niñas, que sea respetuoso de la perspectiva de género y que, fundamentalmente, garantice los derechos humanos”, opinó la legisladora y presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja.
