Desde mediados del año pasado la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales viene exigiendo un Acuerdo institucional en la Provincia de Santa Fe, que repare el daño producido por el Pacto Fiscal que firmaron Lifschitz y Macri, con la aprobación del Senador Omar Perotti, la reiterada ausencia de Carlos Reutemann de la Cámara Alta y lamentablemente avalado por la Legislatura Santafesina.
Antes de su tratamiento el gremio había advertido sobre los nefastos perjuicios ocasionados a la Provincia de Santa Fe con ese compromiso fiscal y reclamó un acuerdo provincial para evitar tan desproporcionado sometimiento de la autonomía provincial, de su propia economía y la de sus Municipios y Comunas. El Consenso Fiscal facilitó la aplicación del ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional.
El arrebato de la Nación a nuestra Provincia del Fondo Sojero (FGS) pasó sin pena ni gloria, en lo que consideramos una muestra del daño ocasionado, particularmente a Municipios y Comunas, haciéndole perder la ventaja comparativa de la mayor coparticipación obtenida en juicio (13%) al Tesoro nacional.
Ahora queda en evidencia que las grandes empresas están tras la eliminación del Derecho de Registro e Inspección, agregado en el punto 3, inciso P del Pacto Fiscal.
El escándalo que involucra a Carlos Rosenkrantz, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por representar a empresas interesadas en la eliminación de ese derecho (como se denuncia en el sitio El Cohete a la Luna), deja al descubierto un dictamen de inconstitucionalidad del conocido DREI (Axxion contra Municipalidad de Quilmes) y la inacción política e institucional frente a este acontecimiento podría acelerar el quiebre financiero de nuestras Municipalidades, cuyos mayores costos Sociales lo pagarán los trabajadores y los sectores más vulnerables de nuestros pueblos y ciudades.
El titular de FESTRAM, Claudio Leoni se expresó diciendo: ”le pido al Gobernador Lifschitz que atienda esta grave problemática e insto a los Intendentes de Santa Fe a imitar a sus pares bonaerenses, reclamando audiencias y acciones concretas ante la Corte Nacional.” Y aseguró,” las elecciones no pueden entorpecer las responsabilidades de gestión pública y es hora de actuar en defensa de los intereses de los santafesinos”.
Desde FESTRAM estiman que de aplicarse el Pacto Fiscal o se declare inconstitucional el Derecho de Registro e Inspección, los Municipios y las Comunas sufrirán pérdidas por más de 6 mil millones de pesos anuales a valores corrientes de 2018. Para el gremio provincial sería la quiebra del financiamiento de los Gobiernos Locales.
Prensa FESTRAM
