Los tubos de 5.000 dólares son reducidos en el mercado negro por $150.000. También los usan como bebederos de hacienda, alcantarillas y conductos de riego.
Máquinas y camiones saquea caños del Gasoducto del NEA en El Desemboque, cerca de Alto La Sierra, a 130 kilómetros de Tartagal.
En Salta muchos se preguntan dónde fueron a parar cientos de caños del Gasoducto del NEA que atravesaron los controles de ruta, como material en desuso contaminante, por una resolución del intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, del 23 de diciembre de 2019.
La respuesta a la pregunta del millón está en otras provincias, donde tubos de gasoductos que también tenían obras paralizadas por el Gobierno nacional fueron robados y reducidos en el mercado negro como comederos para animales vacunos o piezas nobles con las que finqueros y contratistas de dudosa reputación ejecutaron obras de alcantarillados, cruces de ruta, acueductos y conducciones de riego.
En Mendoza, La Pampa, Chubut, La Rioja y Catamarca hay antecedentes que muestran los alcances de una multimillonaria defraudación al Estado argentino con influencias políticas, sobornos y vistas gordas de fiscales y jueces, tanto provinciales como federales, que poco o nada hicieron para detener a una red ilícita que, desde hace un tiempo, tiene instalado su aceitado montaje en municipios del norte salteño.
Con poco, la jueza federal de Comodoro Rivadavia Eva Parcio marcó una salvedad. El 17 de junio de 2018, gendarmes detuvieron en Pampa Salamanca (Chubut) dos camiones cargados con caños de una obra de ampliación del Gasoducto San Martín, paralizada por el escándalo internacional que dejó mal parada a su contratista: la brasileña Odebrecht.
En fincas de Salta
A diferencia de lo que ocurrió en Aguaray y Mosconi, la jueza sureña secuestró los camiones, detuvo a cuatro choferes y con las indagatorias constató que 262 tubos de 30 pulgadas, valuados en cerca de $170 millones, se vendieron a través de las redes sociales. En esa causa, que hoy tiene dos procesados y 15 imputados, las declaraciones permitieron localizar 80 de esos caños en fincas de Salta y Tucumán, donde los convirtieron en comederos para ganado y alcantarillas. El Juzgado de Chubut mantuvo hasta ahora bajo llaves los nombres de los comerciantes, transportistas y productores involucrados en la reventa ilegal de los caños del Estado.
Con la colaboración de colegas de Comodoro Rivadavia, este diario pudo confirmar que entre los imputados se cuenta Maximiliano Alves Carneiro, dueño de un taller metalúrgico de Villa María (Córdoba), quien aparece en muchos de los remitos fraguados junto a Adrián Antonio Vera. Este último es un estafador serial con domicilio declarado en La Paz (Mendoza).
Ambos, en realidad, son oriundos de Luján de Cuyo, donde tienen sus supuestas sedes muchas de las empresas que se reiteran en los millonarios fraudes con caños gasíferos. Diego Andrés Alos, el empresario al que el intendente de Aguaray le regaló 35 kilómetros del Gasoducto del NEA, también es un comerciante de Luján de Cuyo, que registró en esa localidad, el 11 de noviembre de 2018, la firma OSIP SA.
En La Rioja
A mediados de 2019, la red ilícita robó 1.200 caños de un gasoducto proyectado desde Chamical (La Rioja) hasta Casa de Piedra (Catamarca). Las obras, valuadas en 20 millones de dólares, se habían iniciado en octubre de 2013 y quedaron paralizadas a fines de 2015, con 80 de 122 kilómetros terminados. El valor de los tubos saqueados, de 10 pulgadas, se estimó entonces en $70 millones.
El 9 de julio de 2019, un vecino de Chamical, Amaro Romero, alertó a la Policía sobre el robo de caños con una máquina y dos camiones. Poco después, ante efectivos de seguridad, el dueño de la transportista santafesina, Enzo Mora, manifestó que había sido contratado para llevar los caños a Villa María (Córdoba). Según la factura, Maximiliano Alves Carneiro había vendido los tubos de Enarsa a Adrián Antonio Vera por un irrisorio precio unitario: $350.
La máquina, los camiones y su cargamento fueron inmovilizados por orden de un juez provincial, Alejandro Aquiles. El saqueo, sin embargo, no se detuvo. El 28 de julio de 2019, un funcionario de Migraciones y una concejal de Chamical denunciaron ante la Justicia Federal en La Rioja que camiones seguían saliendo con más caños saqueados hacia Buenos Aires. Hoy aquellas actuaciones siguen durmiendo en la Justicia Federal de esa provincia.
Curiosa inmunidad
A fines de 2017, Adrián Antonio Vera fue detenido en La Pampa, luego de librar cheques falsos por montos millonarios, pero un meteórico beneficio judicial lo puso nuevamente en las calles.
En marzo de 2018, fue nuevamente detenido en Santa Fe por otra estafa masiva.
En las últimas semanas, Vera dejó otro tendal de damnificados en el norte salteño y se esfumó. Su inmunidad no puede explicarse sino por complicidades en altos niveles institucionales.
En los 35 kilómetros de gasoducto que quedaron a merced del saqueo había 2.700 caños acerados sin costuras, de 24 pulgadas, adquiridos con fondos nacionales a Tenaris (Techint).
Cada uno vale 5.000 dólares y aún se desconoce cuántos fueron robados.
En Mercado Libre tubos usados, de las mismas características, se venden por $197.000 ($15.367 el metro con IVA incluido) para convertirlos en comederos y bebederos de hacienda o usarlos en obras de alcantarillado, cruces de rutas, acueductos, conducciones de riego y otros proyectos de ingeniería.
En el mercado negro, que se mueve por las redes sociales cada caño saqueado y revendido reporta hasta $150.000.
En la cadena ilícita, los tubos robados con complicidad política en el norte salteño no son, ni por asomo, un pasivo ambiental contaminante, dañino y despreciable como los encuadró el intendente de Aguaray en su insostenible resolución del 23 de diciembre de 2019.
El ex intendente Alfredo Darouiche, quien falleció el pasado 23 de abril, manifestó días antes que el ingeniero Prado, como secretario de Medio Ambiente de su gestión, tuvo apreciaciones profesionales muy distintas.
Sin embargo, nunca le tomaron una declaración. Solo hizo una presentación espontánea de una carilla, el 26 de febrero, pidiendo a la Fiscalía Federal de Orán que desestime la denuncia. El titular de Osip SA, Diego Andrés Alos, hizo lo propio y todo quedó ahí.
El Gasoducto del NEA fue proyectado en 2003 para llevar importado desde Bolivia, a través de Salta, a cuatro provincias que aún dependen de garrafas.
Las primeras licitaciones se hicieron en 2007. LaS obras avanzaron con intermitencias durante el kirchnerismo y terminaron paralizadas en el tramo final de la gestión macrista.
En el decreto por el que se lo declaró de interés nacional en 2007, se previó una inversión total de 1.382 millones de dólares. En la década siguiente el Estado desembolsó casi el doble: US$ 2.300 millones. En los procesos licitatorios participaron varias de las firmas que, en 2018, terminaron implicadas en la causa de los cuadernos.
El tramo salteño desmantelado por los robos era la pieza clave del proyecto, ya que debía canalizar el gas importado desde Bolivia hacia el oeste salteño, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe, para mejorar las condiciones de vida de 3,5 millones de argentinos.
La sección de 230 kilómetros que debía enlazar al NEA con el Gasoducto Binacional Juana Azurduy, en las inmediaciones de la refinería de Campo Durán (Aguaray), fue adjudicada por Enarsa a la empresa Servicios Vertúa, el 4 de agosto de 2014, por $1.280 millones.
La contratista se retiró en diciembre de 2015, dejando las obras con un avance del 53,92%, en medio de conflictos sociales y denuncias cruzadas. Hasta entonces había cobrado $733 millones y todavía otros $538 millones, con intereses, por actualización de costos y supuestos incumplimientos de Enarsa.
Tras rescindir el contrato con Vertúa, en marzo de 2018 la empresa nacional de energía (denominada ahora Ieasa) convocó una nueva licitación para terminar el tramo inconcluso. El llamado, que preveía la instalación de 122 kilómetros de cañería pendiente y 108 kilómetros a reacondicionar, interesó a cuatro empresas con espalda.
Dos meses después la comisión evaluadora de Ieasa recomendó declarar inadmisibles las propuestas económicas que presentaron BTU ($1.411 millones), Contreras Hermanos ($1.455 millones) y Víctor Contreras ($1.541 millones) y adjudicarle el contrato a Techint, pese a que el grupo de Paolo Rocca había quedado en cuarto lugar con la propuesta más elevada ($1.700 millones).
La pelea sumó nuevas aristas en agosto porque Carlos Mundín, el dueño de BTU, fue detenido en la causa de los cuadernos, acusado de haber pagado sobornos por obras del Gasoducto del NEA y otros proyectos de infraestructura. En la causa de los cuadernos también terminó implicada Techint tras la detención de Héctor Sabaleta, un exdirector de ese grupo. Finalmente, el gobierno de Mauricio Macri declaró nula la licitación y decidió, a fines de agosto de 2018, dejar inconcluso el Gasoducto del NEA.
Por Antonio Oieni – El Tribuno.com de Salta
