En los últimos meses, se multiplicaron hechos violentos y robos en la zona rural santafesina. El diputado Pablo Pinotti del Frente Progresista, presentó un proyecto de ley para crear una Mesa constituida por el Ejecutivo, el Legislativo, los gobiernos locales, las entidades rurales y el MPA. “Durante el gobierno de Lifschitz, se puso en marcha junto a Carsfe una experiencia similar que permitió la generación de un Mapa del Delito. Esto hizo posible actuar a la policía en tiempo real, acotando el accionar de bandas criminales”. La norma determina también la creación de un Sistema de Información Georreferenciado del Delito Rural
En los últimos tiempos, hemos visto crecer las estadísticas del delito rural en forma preocupante. Es de público conocimiento que, en los últimos tiempos, se multiplicaron hechos violentos, vandalismo, rotura de silo-bolsas y robos en la zona rural. En este marco, el diputado Pablo Pinotti (FPCyS) presentó en la Legislatura un Proyecto de Ley para la creación de una Mesa de Trabajo para el Abordaje Integral del Ilícito Rural en Santa Fe: “un espacio de trabajo interinstitucional para la prevención de todas las acciones ilegales relacionadas con la ruralidad donde estén el Ejecutivo, el Legislativo, las organizaciones agropecuarias, los fiscales, los Intendentes y los jefes de comunas. Esto redundará en beneficio de la ciudadanía en general y de los productores rurales en particular” destacó el legislador. A la vez, recordó que “durante el gobierno de Miguel Lifschitz, se puso en marcha junto a Carsfe una experiencia similar que permitió la generación de un Mapa del Delito. Esto hizo posible a la policía actuar en tiempo real, acotando el accionar de bandas criminales”
*ARTICULACIÓN*
El proyecto plantea la constitución de una mesa integrada por representantes de diferentes ministerios del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), de asociaciones rurales, de las dos cámaras de la Legislatura y de gobiernos locales. La norma establece que el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología será el órgano de aplicación de la norma.
“Ante el incremento de todas las estadísticas de violencia, robos y muertes de los últimos meses en toda la provincia, se hace necesario el diseño de estrategias de política pública basadas en análisis confiables, pertinentes y oportunos sobre el panorama de la ruralidad y sus problemáticas” fundamentó Pinotti a la vez que resaltó “el abordaje de los delitos rurales requieren de un trabajo permanente del estado en conjunto con las instituciones intervinientes en el tema a los fines de explorar estrategias adecuadas que den respuesta a este problema rural”. En todo momento, la Mesa debe coordinar y enmarcar su labor en las políticas públicas implementadas por el Ministerio de Seguridad.
*UNA EXPERIENCIA CON MUY BUENOS RESULTADOS*
En Santa Fe, se puso en marcha en septiembre de 2018 una experiencia que sirvió para comprender y reformular las estrategias de abordaje de este delito mediante la articulación de mecanismos interinstitucionales coordinados. Este espacio permitió, durante la gestión de Miguel Lifschitz en colaboración con entidades agropecuarias como Carsfe, la creación de un Mapa del Delito Rural; compuesto principalmente por los datos brindados por los propios productores rurales a través del Registro Único de Producciones Primarias (RUPP). El mapa del Delito Rural permitió detectar dónde ocurrían la mayor concentración de hechos delictivos y allí la Policía podía prevenir y armar un plan de acción. “Hizo posible actuar en tiempo real a la policía incrementando su capacidad operativa de intervención y acotando el accionar de bandas criminales” recordó Pinotti.
*SISTEMA GEORREFERENCIADO*
La norma determina también la creación de un Sistema de Información Georreferenciado del Delito Rural con el objeto de generar información confiable con la mayor celeridad sobre la situación de los productores rurales que sirva para el diseño de políticas públicas, para la intervención de las fuerzas de seguridad y la investigación de fiscales.
Pinotti destacó también su preocupación por “la salud pública que implica el flagelo del abigeato: la hacienda sustraída es faenada sin control y, por lo tanto, en incumplimiento de las normativas de seguridad alimentaria que brindan las condiciones adecuadas de higiene para prevenir enfermedades como la triquinosis, el Síndrome Urémico Hemolítico, entre otras”.
