El juez Román Lanzón, que entiende en la causa por presunta estafa de la empresa Vicentín, rechazó el pedido de la Fiscalía para que cinco ex directivos de la agroexportadora queden en prisión preventiva. En el mismo acto, les exigió constituir un seguro de caución por u$s 10 millones, el doble de lo que había ofrecido la defensa.
La decisión del magistrado se conoció tras una larga audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Más temprano, el fiscal de Delitos Económicos Miguel Moreno había pedido la medida cautelar contra Omar Scarel, Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze, alegando un posible «entorpecimiento probatorio».
Luego de siete horas de exposiciones, Lanzón sentenció que la Fiscalía no acreditó el supuesto riesgo, por lo que rechazó el pedido de prisión preventiva. “No se dan todos los presupuestos que establece el Código Procesal Penal», explicó, alegando que el riesgo procesal debe tener «vigencia y actualidad», elementos que no observó puesto que “todas las referencias (citadas por Moreno) tienen más de seis meses”.
La Fiscalía había presentado diversas pruebas para justificar su solicitud. Entre ellas, algunas escuchas, cadenas de mails y mensajes de WhatsApp, que comprometían principalmente a Omar Scarel, quien se desempeñara como síndico en el período previo al default y desde octubre de 2020 funge como presidente del directorio.
Más allá de rechazar el pedido de prisión preventiva, el magistrado les dictó a los 14 imputados en la causa la prohibición de salir del país, al tiempo que les impuso constituir un seguro de caución por u$s 10 millones (exactamente el doble de lo que ofreció la defensa).
Consultado por la prensa, el fiscal Moreno mostró su disconformidad por la sentencia, aunque de todas maneras valoró que el juez haya planteado que las evidencias incorporadas al expediente «han sido más que suficientes y contundentes». Destacó incluso que Lanzón hablara de un posible delito de cumplimiento efectivo, algo a lo que la defensa le había bajado el precio.
El titular de la Unidad de Delitos Económicos no adelantó si apelará o no la medida, pero adelantó que la acusación contra los integrantes de Vicentin «no será en mucho tiempo».
En partes
Lo acontecido este jueves es la continuidad de la audiencia realizada el pasado martes, cuando Moreno imputó por los delitos de balance falso y estafa a los principales referentes de Vicentin, la agroexportadora que en diciembre de 2019 anunció «estrés financiero» y desde febrero de 2020 enfrenta un proceso de concurso preventivo.
Este jueves, la actividad se retomó con la exposición de la defensa, a través del Dr. Jorge Ilharrescondo, quien por un lado pidió la prescripción de la acusación por balances falsos (correspondía a los períodos 2017 y 2018) así como por otro objetó que la Fiscalía no deslinde responsabilidades individuales.
Luego siguió una nueva exposición de Moreno, donde solicitó la prisión preventiva para Omar Scarel, Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze, en tanto que pidió la colocación de tobillera para Daniel Buyatti y la prohibición de salir del país para el resto de los imputados.
«Los motivos que los llevaron a delinquir fue sanear la catástrofe empresarial y hacérsela pagar a los bancos y los productores de granos, sin tener el menor reparo en hacerle pagar a todos los damnificados su propia negligencia», reflexionó Moreno.
A la hora de justificar el pedido de medidas cautelares, el fiscal presentó una serie de evidencias, que particularmente ponían en jaque la situación de Scarel, quien aparecía en varias escuchas comprometedoras.
Una de las conversaciones que mostró Moreno fue aquella en la que hablaba con un abogado sobre diversas maniobras para justificar el origen de u$s 200.000 que al poco tiempo serían allanados por la Fiscalía, en una caja de seguridad que estaba a nombre de su hijo Gastón. Días después de la incautación, Scarel presentó un documento planteando que el dinero provenía de un tercero (el ex director regional de Afip Carlos Vaudagna), a través de una certificación firmada por su nuera.
«El armado de los documentos (presentados ante la Fiscalía) se confirma en una conversación mantenida entre Omar y Gastón Scarel», indicó Moreno, para luego presentar una conversación en donde el primero le dice «ya tengo firmado lo de Carlitos, después te lo voy a llevar para que lo tengas vos».
Durante varios minutos el titular de la Unidad de Delitos Complejos hizo públicas conversaciones, cadenas de mails y mensajes de WhatsApp, con los que buscó validar el supuesto riesgo procesal. Más tarde el juez terminaría invalidando el pedido, planteando que la evidencia no tenía actualidad (todas las evidencias tenían varios meses de antigüedad).
Audiencias para los acreedores
Mientras transcurría la audiencia, el juez Fabián Lorenzini, que tramita el concurso preventivo de Vicentin, dio a conocer que realizará una serie de audiencias “de seguimiento y control de la propuesta concursal”, para los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de noviembre. Allí está convocando al conjunto de acreedores que forman parte del expediente, para que se interioricen sobre la oferta que ya hizo rodar la agroexportadora como parte de su proceso de re estructuración.
La concursada tiene hasta el próximo 16 de diciembre para obtener las mayorías que avalen un acuerdo preventivo. Caso contrario podrá abrirse un proceso de cramdown (salvataje).
Fuente – www.ellitoral.com
