Dos mujeres permanecen encadenadas al pórtico de ingreso del edificio de Tribunales.
Se trata de Ermelinda Acosta de Coria, la madre Javier Coria, condenado en la causa Bibi Sánchez. La misma determinación tomó la mamá Claudio Barrientos, también sentenciado por promoción y facilitamiento de la prostitución.
Ambas reclaman por sus hijos, a los que consideran injustamente penados con prisión. Junto a resto de las madres y esposas de todos los condenados ya habían elevado petitorios a la Corte, e incluso llegaron a estar frente a frente con el titular del máximo tribunal Rafael Gutiérrez en Vera.
“Queremos que los derechos humanos nos asistan”, reza la pancarta que portan. Dejaron en claro que no van a cesar en su acción extrema hasta que no obtengan alguna respuesta.
Además, familiares del resto de los conocidos como “los primos” apoyan el reclamo y asisten a las dos manifestantes.
El reclamo
En octubre del año pasado, fFamiliares de “los primos” ampliaron una denuncia ante la Corte por supuestas irregularidades en la causa. Gabriela Harik, Ermelinda Acosta y Norma Beatriz Bolaño apuntaron contra el entonces juez de Instrucción, Ireneo Berzano, fiscales y camaristas. También contra integrantes del CAF Vera.
En la denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la provincial, las mujeres familiares de los condenados en el caso de la “Bibi” Sánchez, reclamaron que las condenas sean revisadas en atención a supuestas irregularidades ocurridas en la etapa investigativa y también durante el juicio que los condenó por corrupción de menores.
Indicaron que “al magistrado que queremos denunciar es al (ex) juez Berzano, y a los fiscales García Calvo, Mosser Ferro y al fiscal de segunda instancia Mántaras. También a los integrantes del CAF De Lacca, Martínez, Peralta y las asistentes sociales que participaron”.
En ese sentido, sostuvieron que esta denuncia que ampliamos se realiza con el objetivo de que la Corte “tome real conocimiento de un sinnúmero de irregularidades acontecidas” durante la investigación de la mencionada causa.
Irregularidades
Respecto de lo expuesto, relataron que en fecha 3 de septiembre de 2018, una de las menores en ese entonces, Aldana Maricel Gorosito, “se apersonó ante nosotras por intermedio de la hermana del hoy condenado Diego Serrudo, solicitando rectificarse por diversas irregularidades, de las que tomó conocimiento luego de leer sus diversas declaraciones, las cuales no reconoce como ciertas en gran parte de su contenido (al igual que las rectificaciones formuladas anteriormente por Estefanía Yansen y Tamara Pintos)”.
Las denunciantes dijeron remitirse en un todo a la denuncia inicial de Margarita Dayer, Imelda Sosa y Cecilia Sandoval Serrudo, radicada ante el Juzgado Civil de Vera, y sostuvieron que resulta imperioso ampliar su contenido respecto de “irregularidades que oportunamente se cometieron por parte de los instructores fiscales y de camaristas, que violaron la defensa en juicio”.
“Ello se materializó a través del perjuicio irreparable a la defensa cuando el Tribunal ordenó limitar el tiempo de exposición del Dr. Gabriel Baucero, por el lapso de 20 minutos”, a pesar de que era representante legal de 4 de los imputados, desnaturalizándose el sentido de la audiencia oral, precisaron.
Además, subrayaron que “se negó el acceso al expediente y se ocultaron pruebas fundamentales; todos los actos de la instrucción se hicieron con total autoritarismo judicial”.
Las defensas de los imputados plantearon la nulidad de los testimonios de las menores víctimas porque se recibieron sin control de parte, lo cual evidencia una “ocultación (sic), generando una grosera indefensión de los hoy condenados”, aseveraron.
Paralelamente, expresaron que “los testimonios de las menores fue la única prueba existente para intentar fundar la responsabilidad de los condenados, y se tomaron sin control de parte y con juicios tendientes a inducir las respuestas de menores sumisas y apacibles, en clara transgresión a los mandatos constitucionales”.
Semidirigidas
Así, se utilizó el sistema de “entrevistas semidirigidas y se violó el deber de veracidad del testimonio. Sumado a ello, las fabulaciones y exageraciones de las falsas víctimas fueron evidenciadas por los profesionales intervinientes”, agregaron en la presentación ante la Corte.
Enseguida, plantearon que “no hubo imputación clara, indubitables y precisa, solo generalizaciones inconexas e improbadas repugnantes al derecho de defensa” toda vez que las conductas debieron circunstanciarse en razón de tiempo, modo, lugar, y a la fecha “no fue posible adivinar/comprender la labor intelectual que ha llevado a vuestras señorías a concluir de forma condenatoria”, resultando una sentencia carente de motivación en total desmedro del imputado.
Asimismo, hicieron constar que los peritos psiquiatras De Lucca, Goldaraz y Martínez, durante el juicio dijeron que los testimonios de las menores tenían “indicios de fabulación!” y que pudieron ser influenciados por terceros.
En tanto, reclamaron la falta de acción judicial por parte de los camaristas contra un tal Hoyo, testigo al que apuntan por la presunta participación de las fiestas del “vale todo” pero a quien la justicia rehusó de perseguir, y contra el remisero S., que era quien traía a las menores desde La Gallareta.
Fuente: INFOVERA
