La crisis de la agroexportadora Vicentín podría encontrar una solución inmediata si se generan las condiciones de seguridad jurídica necesarias. Así lo expresaron este mediodía el CEO de Essential Energy Holding, Federico Pucciarello, y el presidente de la Unión Agrícola de Avellaneda, Mariano Tortul, en una audiencia convocada por el juez del concurso, Fabián Lorenzini.
Durante la reunión, que se realizó de manera presencial y virtual, ambas empresas manifestaron su disposición para aumentar los fasones en las plantas paralizadas de la firma. Essential Energy Holding se comprometió a incrementar su operación en Avellaneda, mientras que la Unión Agrícola de Avellaneda ofertó un contrato de 2 millones de dólares para reactivar la planta de Ricardone. No obstante, ambas firmas coincidieron en que sin garantías legales, sus inversiones serían inviables.
La situación en Vicentín es crítica: las plantas están paralizadas, los empleados sin cobrar y los acreedores exigen la intervención judicial para desplazar a los actuales directores, a quienes acusan de incapacidad y presunta administración fraudulenta. En la audiencia, trabajadores y sindicalistas reclamaron la renuncia inmediata de Estanislo Bougain, director de la empresa, quien siguió la reunión de manera virtual y evitó asistir en persona.
Uno de los puntos más tensos del encuentro fue la preocupación por el riesgo de incendio en la planta de Ricardone debido a los granos almacenados sin el acondicionamiento adecuado. Bougain admitió la situación, aunque sostuvo que no es un peligro inminente.
En busca de financiamiento, el veedor judicial Andrés Shocron instó a los accionistas de Vicentín a realizar aportes económicos para la reactivación de las operaciones. En la misma línea, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, criticó la decisión de la empresa de paralizar su producción, asegurando que, de haber continuado operando, hoy contaría con fondos para pagar parte de los sueldos adeudados.
La tensión aumentó cuando el empresario Mariano Grassi, representante de la firma Commodities y segundo acreedor comercial en importancia, fue contundente al rechazar cualquier tipo de apoyo financiero mientras el actual directorio continúe en funciones. “No vamos a ser socios de delincuentes. No vamos a poner un peso mientras Bougain y todos ellos sigan”, afirmó.
El juez Lorenzini, tras escuchar a todas las partes, ordenó al directorio de Vicentín que en un plazo de tres días presente un informe detallado sobre su situación financiera, incluyendo saldos en cuentas bancarias en Uruguay y Paraguay, y un plan concreto para el pago de salarios y servicios esenciales.
Uno de los aspectos más críticos detectados en la audiencia fue la existencia de una deuda post-concursal de 18 millones de dólares, según lo informado por el veedor judicial. Además, se confirmó la presencia de 200 mil dólares en cuentas de la empresa en Paraguay, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia en la administración de fondos.
En un intento por encontrar soluciones inmediatas, se propuso utilizar esos fondos y la venta del stock de fueloil para cubrir parte de las obligaciones pendientes. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre el futuro de la compañía y la viabilidad de una reestructuración sin un cambio en la dirección.
El destino de Vicentín sigue en vilo, con actores clave exigiendo cambios estructurales para garantizar la continuidad de la empresa y el pago de sus compromisos. Mientras tanto, trabajadores y acreedores esperan medidas urgentes que permitan la reactivación de las plantas y la recuperación de la actividad.
