El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizará, durante el mes de marzo, charlas abiertas en facultades de Derecho y Colegios de Abogados sobre la reforma al procedimiento civil y comercial en la provincia.
En el marco de la reforma al Código Procesal Civil y Comercial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desarrollará charlas abiertas, durante el mes de marzo, en los cinco nodos provinciales, con el objetivo de acercar las propuestas a profesionales del derecho a estudiantes y al público en general, así como de recoger sus inquietudes y consultas.
Las conferencias, de acceso libre y gratuito, se comunicarán oportunamente mediante la página web www.santafe.gob.ar/cpcc.
Al respecto, el secretario de Justicia y el responsable del trabajo de las comisiones y subcomisiones redactoras del anteproyecto de ley, Ángel Garrote, expresó que “el objetivo de esta ronda de charlas no consiste sólo en compartir los nuevos institutos que se incorporarán al texto legal sino que se busca dar cuenta de la política pública en marcha para modernizar la justicia”.
Asimismo, el funcionario provincial comentó que “los interesados, tanto abogados como estudiantes y público en general, también podrán plantear sus inquietudes y consultas en relación a este proceso. Además de un nuevo articulado que se está consensuando a partir del trabajo mancomunado entre distintos sectores, está previsto introducir leyes, modificar normas vigentes e incorporar modalidades de trabajo que abarcan la oralidad, el expediente digital y el arbitraje”.
El régimen procesal civil y comercial es muy amplio en cuanto a las regulaciones que establece en relación a la vida cotidiana de las personas, desde el derecho de familia, el derecho sucesorio y del consumidor hasta conflictos entre vecinos, de la propiedad horizontal y accidentes, pasando por el incumplimiento de contratos y las ejecuciones de cheques y pagarés.
COMISIÓN REDACTORA
El año pasado, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, creó por decreto la comisión redactora encargada de elaborar el anteproyecto de ley, que está conformada por representantes de los tres poderes del Estado y de organizaciones sociales y académicas. Cuando la tarea esté terminada, el gobernador enviará esa propuesta a la Legislatura con la idea de mejorar el servicio de justicia, facilitar el acceso de la población a soluciones más efectivas y en plazos razonables, ayudar a que se respete y garantice el cumplimiento de los derechos y ampliar la seguridad jurídica.
Otras iniciativas con el mismo espíritu ya están en manos de los legisladores, como por ejemplo la reforma al código procesal laboral.
