Desde el 1 de septiembre podrán solicitar la exención quienes posean título universitario de al menos cuatro años y 2.100 horas de carga pedagógica, en un trámite que puede realizarse totalmente online. La disposición alcanza también a las actividades profesionales que no cuentan con colegiación obligatoria.
En una nueva medida de desburocratización definida desde el gobierno de Maximiliano Pullaro, la Administración Provincial de Impuestos (API) amplió el alcance de los profesionales que pueden solicitar la exención de Ingresos Brutos, en un trámite que podrá realizarse de manera online y beneficiará a todos los graduados universitarios con carreras de al menos cuatro años de duración, aunque no estén colegiados.
A partir del 1 de septiembre, el beneficio se aplicará a todos los graduados universitarios con carreras de al menos cuatro años de duración y una carga pedagógica mínima de 2.100 horas, incluso si no están colegiados.
La decisión se formalizó a través de la Resolución Nº 39/2025 de la Administración Provincial de Impuestos (API), que actualiza los criterios vigentes hasta ahora, restringidos únicamente a títulos de grado de cinco años o más. Con esta modificación, se adecúa el beneficio a las normativas educativas actuales y se incluyen actividades profesionales sin colegiación obligatoria.
El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, explicó que la medida responde a una necesidad de actualización normativa. “Estamos llevando adelante modernizaciones importantes. Las exenciones estaban basadas en leyes que se han ido modificando y era necesario acompañar esas actualizaciones con una mirada moderna, apoyada en la tecnología que permite seguir sumando trámites online”, afirmó.
La resolución establece que, para acceder a la exención, se deberá ejercer la profesión de forma liberal, personal y directa, percibiendo la remuneración bajo la modalidad de honorarios. El trámite se realizará exclusivamente de manera online, a través del portal oficial de la provincia.
Los profesionales que gestionen la exención por primera vez tendrán un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigencia de la norma. Aquellos que ya dispongan de un certificado vigente dispondrán de 365 días para cumplimentar el nuevo procedimiento.
Reconocimiento a corredores inmobiliarios
En paralelo, mediante la Resolución Nº 40/2025, la API dio respuesta a una demanda histórica del sector inmobiliario: se otorgó la exención de Ingresos Brutos a los corredores matriculados y regulados por el Colegio Profesional, en el marco de la Ley Provincial Nº 13.154.
Medidas de alivio fiscal
La ampliación de la exención para profesionales se da en el marco de otras iniciativas impulsadas por la gestión de Maximiliano Pullaro para aliviar la carga tributaria de distintos sectores productivos y de servicios.
Entre ellas se destacan los créditos fiscales otorgados a comercios y prestadores de servicios, que pueden deducir un 25 % del monto abonado en 2025 por el Impuesto Inmobiliario del inmueble afectado a la actividad, aplicable al pago de Ingresos Brutos.
En el caso de la hotelería, el alojamiento y el turismo, el beneficio asciende al 40 % del impuesto inmobiliario. Para taxis y remises, se dispuso el reconocimiento del 100 % del pago de la Patente Única sobre Vehículos como crédito fiscal, aplicable al tributo de Ingresos Brutos. Este beneficio alcanza a unos 5.000 contribuyentes y representa para la provincia un costo fiscal anual cercano a los 1.700 millones de pesos.
Asimismo, para el transporte de carga y pasajeros se estableció un reconocimiento del 40 % del pago de la Patente Única sobre Vehículos, y del 100 % en el caso de los servicios destinados a la recolección de leche fluida. En total, el beneficio alcanzará a unas 7.000 empresas y significará un costo fiscal de aproximadamente 3.500 millones de pesos.
Otro de los instrumentos de alivio implementados por la API ha sido la devolución de saldos a favor en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Entre abril y julio de este año, más de 1.000 contribuyentes solicitaron el reintegro, por un total cercano a los 1.000 millones de pesos. El sistema, completamente digital, deposita el dinero de forma directa en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario, sin necesidad de trámites presenciales y con reducción de plazos. Santa Fe se convirtió así en la primera jurisdicción del país en aplicar este mecanismo de devolución automática.
