La Cámara de Diputados de la provincia aprobó una serie de modificaciones al Código Procesal Penal y giró el proyecto al Senado para su tratamiento, de cara a consolidar el nuevo sistema de justicia penal.
“Esta reforma es parte de un proceso histórico de cambio de muchos años para pasar de un modelo arcaico, inquisitivo, a otro acusatorio, y que está en sintonía con el funcionamiento más eficaz del servicio de justicia que la sociedad reclama”, explicó el diputado Rubén Galassi, jefe del bloque del Partido Socialista y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, que actuó como miembro informante durante la sesión extraordinaria realizada este jueves.
A tres años de la implementación de un paradigma de justicia penal basado en audiencias orales y públicas, la Cámara de Diputados modificó 53 artículos del Código en base a ejes conceptuales como la definición de cuestiones de política criminal; la ampliación de facultades y responsabilidades del Ministerio Público de la Acusación; el otorgamiento de mayores derechos a las víctimas y más facultades al querellante; el fortalecimiento de la persecución penal y la agilidad en el proceso. El diputado Galassi fue el encargado de poner a consideración el dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, firmado por legisladores del oficialismo y de distintos bloques de la oposición, vinculado al mensaje oportunamente enviado por el Poder Ejecutivo.
“Estamos en el camino de mejorar una realidad que es flagelante para los ciudadanos. Esta reforma es importante porque le brinda al sistema judicial nuevas y mayores herramientas para responder a la necesidad de justicia expresada por la comunidad”, expuso Galassi. “Una sociedad con mayor seguridad y convivencia, sin violencia, no se logra sólo con un Código Procesal, por más moderno y avanzado que sea, sino con el compromiso de las instituciones de la democracia funcionando a pleno: con la justicia trabajando para evitar la impunidad, el Poder Legislativo sancionando las leyes y -por ejemplo- asumiendo responsablemente la designación de funcionarios del sistema penal, con el Poder Ejecutivo ejerciendo los controles para que los policías actúen como servidores públicos, sin corrupción, con acciones como la creación de la Policìa de Investigaciones y con la incorporación de tecnología, con la presencia permanente de los fiscales y sin lugar a dudas con acciones sociales sobre todo para nuestros compatriotas que se encuentran en una situación crítica, de modo de construir una cultura de paz y convivencia”, expresó el diputado socialista.
Los ejes del cambio
– Política criminal: Se impide que los fiscales puedan no perseguir o perseguir parcialmente a quienes cometan este tipo de delitos, de cara a reforzar la persecución penal en casos de violencia de género y tenencia de armas ilegales.
– Más herramientas para los fiscales: Se fortalece el trabajo y la responsabilidad de los fiscales a la hora de investigar y de optar por salidas alternativas al juicio oral, como los juicios abreviados o las probation. En rigor, se amplían los plazos de reserva de los legajos fiscales (a diez días más 48 horas con autorización fundada del juez) y el plazo para celebrar audiencias imputativas, de libertad o cautelares, que nunca podrá superar las 96 horas, contando 72 horas más 24 con autorización del juez. Los fiscales contarán así con más tiempo para recolectar evidencias en casos complejos, respetando las garantías constitucionales de los imputados. Además se requiere consentimiento del Fiscal regional para aplicar criterios de oportunidad en causas donde haya penas de seis años o más o se modifique la calificación del delito ante un juicio abreviado.
– Más derechos para las víctimas: podrán reclamar por demora o ineficiencia en las investigaciones y ser oídas por los jueces y el fiscal antes de que se firmen acuerdos que las involucran; deberán recibir de la Oficina de Gestión Judicial información completa de la causa así como contención en todas las instancias del proceso.
– Más derechos para los querellantes: podrán pedir prisiones preventivas u otras medidas cautelares. Y recurrir ante el Fiscal Regional si discrepan con las pruebas producidas o si el fiscal del caso decide no acusar.
– Más herramientas para perseguir y juzgar delitos: La Policía tendrá obligación de detener a quienes estén cometiendo un delito en flagrancia (in fraganti) y de secuestrar todos los elementos delictivos que se encuentren en los allanamientos. A lo que se agrega la inmovilización de fondos de bandas delictivas como medida cautelar real, en consonancia con la ley de destino de bienes producto de ilícitos sancionada el año pasado. Por otro lado se amplían las exigencias para que un acusado acceda a prisiones domiciliarias y salidas laborales, mientras se redujeron las posibilidades de aplicar prisiones domiciliarias.
– Procesos más ágiles: Se simplificaron y suprimieron algunos trámites, como la constitución del querellante y el dictado de los sobreseimientos, y se permitió la incorporación de medios electrónicos o tecnológicos para realizar allanamientos, audiencias, reconocimientos de personas y notificaciones.
