Los diputados Silvia Augsburger, Rubén Giustiniani, Mercedes Meier y Carlos Del Frade, presentaron una serie de iniciativas para que se garantice el funcionamiento del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, que apuntan a revertir el grave déficit estatal en relación a los derechos de la niñez en Santa Fe.
“La situación de crisis y de emergencia en la subsecretaría de niñez de la provincia no es nueva para nosotros, es una preocupación que la venimos expresando en pedidos de informe de parte de ambos bloques durante todo el año pasado. Creemos que el caso de “Kiki” es la punta del iceberg de una situación de crisis terminal de cómo están descuidados los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus familias de origen”, manifestó Augsburger.
El reciente caso de Kiki y las denuncias de torturas en alojamientos que se conocieron el año pasado, pusieron nuevamente en foco los incumplimientos por parte de las Instituciones del Estado provincial con los derechos de la niñez. Esta situación es reconocida en el informe elaborado el año pasado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, en el cual da cuenta del constante vencimiento de los plazos de las medidas excepcionales, el difícil abordaje para profesionales abarrotados de casos y precarizados, y una infraestructura insuficiente y en malas condiciones de los espacios de alojamiento. Además, señala que hay más de 500 niñ@s alojados en Instituciones del Estado o conveniadas y hay 150 en familias solidarias, gran parte de ell@s con las medidas de excepción vencidas.
“Uno es un proyecto de resolución para crear una comisión en el marco de la cámara de diputados que pueda controlar, recabar información y proponer al ejecutivo medidas para resolver estas situaciones. El otro, un pedido de informes sobre el financiamiento del programa de Acompañantes Personalizados que están totalmente precarizados, incluso ni los viáticos a veces les pagan y son principalmente jóvenes que hacen un trabajo muy importante” explicó Mercedes Meier al dar detalles de las iniciativas. “Cuando uno habla de políticas públicas no lo puede escindir de la cuestión de los trabajadores, porque no puede haber una política pública seria con trabajadores precarizados. Es necesario poner la lupa sobre estos temas, sobretodo en un contexto en el cual desde la política nacional se vienen recortando la cantidad de partidas para lo que es desarrollo social y esto se profundiza en Santa Fe”.
“También estamos pidiendo una adecuación de la ley provincial a lo que determina el nuevo Código Civil y Comercial, que rige desde el año 2015, respecto a los plazos para que la justicia dictamine sobre la situación de adoptabilidad. Actualmente, nuestra provincia determina un año y medio, y la legislación nacional exige que en el término de 90 días la situación sea resuelta, lo que creemos es un plazo mucho más acorde y respetuoso de esos niños que están esperando una familia definitiva”, resaltó Giustiniani.
“Queremos demandar lo que siempre hacemos cuando aparecen los presupuestos anuales, que vamos marcando la diferencia entre lo que se dice y el dinero que se pone. El verso termina con los números del presupuesto, porque por más inflación de palabras sobre el supremo interés del niño, esta cuestión se termina cuando el presupuesto provincial para niñez, en todos los ministerios, es del 8%. O sea que solamente 8 de cada 100 pesos van destinados a los chicos, a las chicas y a las familias. Esto nos parece que es lo que realmente está marcando la deficiencia que estamos señalando”, finalizó el diputado Del Frade.
Sobre las iniciativas presentadas
*Pedido de informes acerca del financiamiento del Programa de Acompañantes Personalizados. Actualmente dichos trabajadores están en condiciones de precarización laboral absoluta. Creemos que su rol es fundamental y garantizar derechos laborales es lo que permitirá el abordaje integral y correcto de las situaciones a las que se enfrentan.
*Creación de una Comisión Especial para el monitoreo del Sistema de Protección de NNyA sin Cuidados Parentales en el ámbito de la Legislatura, cuyo objetivo será realizar un seguimiento exhaustivo de las medidas excepcionales dispuestas por la Subsecretaría, velando por el cumplimiento de la ley.
*Adecuación de los plazos de la ley provincial con los de la ley nacional, reduciendo el plazo para la resolución de las medidas de excepcionalidad y adopción a 90 días.
