Se trata del Programa de Financiamiento para Pymes, la Ley de Aguas, y el Código Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, además de la Creación del Órgano de Revisión y Promoción de Derechos de Usuarios de Salud Mental, entre otros.
Durante una nueva sesión de la Cámara de Diputados, presidida este jueves por Antonio Bonfatti, se sancionaron proyectos que otorgan beneficios y garantizan derechos a los santafesinos, entre los que se destacan la creación del Programa de Financiamiento para Pymes, la Ley de Aguas, y el Código Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, además de la Creación del Órgano de Revisión y Promoción de Derechos de Usuarios de Salud Mental, entre otros.
En cuanto al Programa de Financiamiento para Pymes, “el proyecto beneficia a las pequeñas y micro empresas que sostienen la producción de nuestra provincia. Se trata de un texto consensuado y unificado», destacó la legisladora Clara García, miembro informante del dictamen aprobado.
“Tenemos una provincia cuyo núcleo productivo es la pequeña y mediana empresa. El consenso se basa en beneficios en dos aspectos, uno tiene que ver con la promoción de la actividad económica, de la producción, de la vigencia de su competitividad, y otro que tiene que ver con la vigencia de lo tributario», detalló la legisladora.
Código Procesal Penal
También se creó por ley el Código Procesal Penal de Niños, Niñas, y Adolescentes, al tiempo que se deroga el actual Código Penal Juvenil con el objetivo de garantizar los derechos establecidos en la Constitución y en diferentes convenciones. También se otorga un plazo final de implementación que no puede superar el 30 de octubre del 2018.
La iniciativa fue arduamente debatida en comisiones, ya que se contemplaron proyectos presentados por los diputados Leandro Busatto, Carlos del Frade, y el mensaje enviado por el Ejecutivo provincial.
“Esta ley tiene una gran trascendencia y colocamos justicia con quienes hoy el régimen penal considera punibles menores de edad. Con el cambio en el sistema procesal en Santa Fe, los menores punibles quedaron fuera del sistema procesal y se mantuvo el sistema inquisitivo”, resumió el jefe del bloque de diputados socialistas, Rubén Galassi.
“Claramente este proyecto es un avance y se hace justicia con los menores punibles ya que van a tener un régimen y un tratamiento procesal que garantice los derechos constitucionales y de los niños niñas y adolescentes”, indicaron las autoridades.
También se establece el traspaso de los recursos, deroga el viejo código y un anexo donde se fijan pautas para el funcionamiento del Código Procesal Juvenil.
Galassi destacó la importancia del trabajo interdisciplinario por lo que en el proyecto se establece la creación de una Dirección de Intervención Interdisciplinaria que depende de la Corte Suprema de Justicia, integrada por profesionales.
En la actualidad, de acuerdo con un informe de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, de los menores que están en conflicto con la ley y privados de su libertad, el 98 por ciento no conoce a los jueces, ni a sus abogados, ni tienen la información necesaria. Esta es la realidad que va a cambiar una vez que entre en vigencia la nueva ley.
Hay una modificación en la lógica y en el objetivo en este nuevo Código, ya que no es la aplicación de una pena sino la reparación, garantizando la participación en el proceso de la víctima y buscando la reinserción del joven con una formación educativa, la posibilidad de formarse en un empleo en una profesión.
Todo el proceso se va a desarrollar en audiencias orales y el joven podrá participar y contar con un defensor y asistencia. Se prevén muchos más derechos. Con medidas alternativas, se amplía el catálogo de medidas socioeducativas, y queda establecido de manera explícita que los menores no puede ser nunca interrogados por las fuerzas policiales provinciales ni nacionales, solo el fiscal puede realizar ese procedimiento ni por la fuerza nacional.
“Entendemos que es un gran avance a la legislación que tenemos, también damos un paso para darle los mismos derechos que tienen el resto de los ciudadanos”, indicaron.
Si bien no todos los legisladores acompañaron la totalidad de los artículos, sí es de destacar el debate que se brindó para arribar al voto unificado en el dictamen en general. Leandro Busatto, uno de los autores de la iniciativa, destacó la posibilidad de las diferentes instancias con actores de todos los sectores que aún en disidencia pudieron acordar varios puntos.
Garantizando derechos en Salud
Otro de los proyectos de ley aprobados establece la creación del Órgano de Revisión y Promoción de Derechos de Usuarios de los Servicios de Salud Mental de la Provincia, que funcionará en el ámbito de la Defensoría del Pueblo y con sede en la ciudad de Santa Fe.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad y los legisladores destacaron el recorrido que tiene la provincia en este sentido, en una coyuntura nacional que no va en la misma dirección que establece la Ley Nacional -a la cual la provincia adhiere-. También se enfatizó el trabajo conjunto realizado con las áreas del Ejecutivo como la Secretaría de Derechos Humanos, y el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Salud Mental.
Los consensos fueron logrados en comisiones, por lo que el texto arribó al recinto con adhesiones y sin objeciones.
Ley de Aguas
Otro de los proyectos aprobados es la llamada Ley de Aguas que regula la gestión integrada de los recursos hídricos para promover los distintos usos del agua de manera sustentable a favor de las generaciones presentes y futuras, garantizando el derecho humano fundamental de acceso al agua potable. De acuerdo a lo valorado por los legisladores, la iniciativa aprobada y con media sanción está en condiciones de ser aprobada próximamente en el Senado Provincial.
El texto aprobado es una construcción consensuada, ya que se abordó es un proyecto de la senadora Cristina Berra, que se unificó para su tratamiento con los proyectos de los diputados Santiago Mascheroni, Julio Eggimann y Rubén Giustiniani con el impulso del Ejecutivo provincial que contrató a un grupo de expertos que conformaron una unidad de estudio y análisis que trabajó sobre las diferentes iniciativas.
“Se consagra con mucha claridad aspectos esenciales en el manejo del agua, fundamentalmente en su carácter de derecho humano, es decir, el acceso, la utilización y la calificación del agua en la provincia de Santa Fe”, manifestó el diputado Santiago Mascheroni.
“Queda determinado que agua y subsuelo aprovechables son de origen provincial y una serie de medidas en cuanto a los diferentes usos del agua. Es un recurso escaso, estratégico y quien lo utiliza debe hacerlo con las precauciones y condiciones que el Estado establece”, resaltó el legislador.
Por su parte, el diputado Rubén Galassi destacó que la provincia requería de una ley de estas características. En los últimos 10 años se pasó de 78 localidades que no tenían agua potable a 24 localidades y se seguirá trabajando para que estas también cuenten con este derecho. Se han invertido 9 mil millones de pesos en acueductos, otra de las herramientas fundamentales.
El proyecto establece el dominio de la Provincia sobre las aguas que es inalienable, imprescriptible e inembargable. El ejercicio de los derechos de dominio y de uso y goce, sean públicos o de particulares debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. También especifica que el Estado provincial debe garantizar el derecho humano de acceso al agua potable, el cual implica contar con agua suficiente, físicamente accesible y de calidad apta para ingesta humana y usos domésticos.
De acuerdo al articulado del proyecto el agua es un bien esencial para la vida humana y la de los ecosistemas, tiene una función social y ambiental, es un recurso natural finito y vulnerable con alto valor social, sanitario, ambiental y económico, integra el proceso productivo y que el Estado Provincial concede para su uso una vez cubierta la función social y ambiental.
Beneficios y gratuidad
En el recinto se aprobó posteriormente un proyecto de ley por el cual se establece que los establecimientos radicados en la provincia con autorización para realizar la prestación de servicios de venta de comidas y bebidas al público, deberán disponer para sus clientes el acceso gratuito al agua de red. La iniciativa corresponde al tratamiento conjunto de la diputada Marita Ayala, Omar Martínez, Eduardo Di Pollina, Miguel Solís, Oscar Pieroni, Joaquín Blanco, Rubén Galassi, Antonio Bonfatti, y Paco Garibaldi.
