Las organizaciones que conformamos el Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad,expresamos el total rechazo a la propuesta gubernamental que terminó en una insuficiente adecuación arancelariaaprobada por el Directorio del Sistema Único, en la reunión del pasado 1 de junio de 2023.
La grave situación inflacionaria que atraviesa el país, genera una preocupante incertidumbre sobre la continuidad de la atención de las PcD y los puestos de trabajo.
En las diversas reuniones mantenidas a lo largo del año las autoridades nacionales se comprometieron a respetar los índices inflacionarios para acompañar los costos necesarios que requiere la atención de las PcD; sin embargo, la ANDIS, el PAMI y las Obras Sociales todavía adeudan las diferencias arancelarias de los meses de enero 2023 y febrero 2023. Por otra parte, los ajustes otorgados no condicen con la inflación mensual tal cual lo prometido y alejados de lo que venían realizando. Las autoridades nacionales incumplieron de este modo su palabra que declama defender los derechos de las PCD.
En reiteradas ocasiones se solicitó la convocatoria del Directorio para prever los ajustes de nomenclador que debían implementarse a partir de mayo 2023 y la respuesta fue la dilación del encuentro, que recién se efectivizó en el mes de junio, otorgando un aumento tardío y más que insuficiente.
La incomprensible adecuación de los valores prestacionales aprobada por el Directorio del Sistema Único, a las prestaciones que se brindan a través de los Servicios Educativos, Hogares, Residencias, Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Centros de Rehabilitación, Servicios de Estimulación Temprana y diversas alternativas nomencladas que se encuadran en la ley 24.901, han recibido un ajuste del 4,5% para Mayo 2023 y 5% para junio 2023, que está lejos de responder a la realidad cotidiana de estos servicios. La misma no cubre la inflación proyectada mayor al 57% para el primer semestre del año quedando, de este modo, un desfasaje del 20% del valor real a diciembre 2022, situación que han expresado nuestros representantes en el marco de la reunión.
Para empezar, el aumento se comenzaría a cobrar en septiembre 2023, con una inflación real de alrededor del 10% mensual, no pudiendo asumir los compromisos de sueldo con sus justos incrementos para los trabajadores, pago de servicios, obligaciones tributarias, etc., haciendo imposible sostener los servicios de atención y poniendo en riesgo no solo a las PCD sino también a más de 100.000 puestos de trabajo.
No menos importante es el total destrato de la Superintendencia de Servicios de Salud que niega cualquier incremento en línea con las obras sociales sindicales que no quieren financiar el pago de las prestaciones a sus afiliados con discapacidad.
Esta realidad hace que comuniquemos nuestro profundo malestar por la situación que atravesamos. Solicitamos una CONVOCATORIA URGENTE PARA LA REALIZACIÓN DE UNA REUNIÓN DEL DIRECTORIO que rectifique la decisión tomada, retome el criterio que venía trabajando teniendo en cuenta el IPC y el contexto inflacionario y al mismo tiempo establezca un mecanismo de ajuste automático de los valores arancelarios y se cumpla con la promesa de reconocer aranceles que permitan sostener la atención de más de 200.000 personas con discapacidad que utilizan y necesitan de estos servicios para sostener su calidad de vida.
