El Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de la ciudad de Vera, en el norte de la provincia, se consolida como espacio de asistencia a víctimas y testigos de delitos, con un crecimiento de las intervenciones realizadas por el equipo profesional, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. En ese sentido, hubo un crecimiento del 200% si se compara el primer semestre de este año con el de 2016. Además las intervenciones “son cada vez más definitorias y categóricas”, expresó el director provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial, Fernando Sirk Marezca.
“Con el correr del tiempo se fue afianzando en la ciudad y asistiendo a las víctimas de delitos penales, tema de su exclusiva competencia. Estamos muy contentos con el aumento de consultas porque significa un reconocimiento a la institución: los vecinos valoran el trabajo del equipo interdisciplinario”, manifestó el funcionario, en referencia al grupo de trabajo conformado por la abogada Agustina Peralta, la trabajadora social Mónica Aranda y la psicóloga Gabriela Tosolini, “todas con calificado grado de compromiso”, destacó.
Al CAJ de Vera, que comenzó a funcionar en 2011, se suman en el norte provincial los centros que funcionan en las localidades de Tostado y Reconquista, dependientes de la dirección de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. “Se están afianzando como actores centrales del nuevo sistema penal, tanto desde la disciplina jurídica como también de la impronta psicosocial”, aseguró el director.
El objetivo de estos organismos es garantizar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y ciudadanas, ofreciendo contención, respuesta y acompañamiento a víctimas y testigos de delitos, así como el servicio de mediación penal. Funcionan, además, en las ciudades de Santa Fe y Rosario y en el corto plazo se abrirá un en Rafaela.
En cada centro, el usuario o usuaria puede presentarse y requerir respuestas para diferentes problemas en tanto víctima o testigo. El asesoramiento técnico y profesional que reciben los solicitantes, al ser interdisciplinario, es decir por parte de un equipo de abogados, trabajadores sociales y psicólogos, fomenta una respuesta precoz e integral, cubriendo a las personas damnificadas por delitos y eventualmente a sus familiares y referentes próximos. “Siempre de cara a garantizar los derechos de las víctimas a la información, la justicia y la reparación”, detalló Sirk Marezca.
Por último, cabe destacar que la Oficina de Asistencia a la Víctima de los CAJ es la única del país que puede ejercer representación de las mismas en juicio, patrocinándolas o, mediante poder especial, constituyéndose como querellantes. La figura del querellante permite a los damnificados y/o a sus familiares ser parte activa en el proceso penal y participar del mismo.
