El jueves por la mañana, cerca de las 09:10 horas, la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda (CSPA) interrumpió el suministro eléctrico en la planta de etanol de Vicentin SAIC, pese a una resolución judicial que impedía suspender servicios esenciales a la empresa durante 60 días hábiles. La acción generó una fuerte reacción del interventor designado en la causa, Guillermo Nudenberg, quien calificó el corte como “intempestivo, irresponsable y reñido con las más mínimas y elementales pautas de buena fe y prudencia”.
Nudenberg advirtió que el corte eléctrico “puso en serio riesgo la seguridad tanto de bienes como de personas”, dado que pudo haber provocado el vaciado de calderas y, en consecuencia, explosiones por falta de refrigeración. Además, señaló que durante la parada se ventearon columnas de destilación, liberando alcohol inflamable. Afortunadamente, los trabajadores lograron mitigar los riesgos y, tras gestiones legales, el servicio fue restablecido a las 11:15.
La situación fue comunicada formalmente al Juez Civil y Comercial Fabián Lorenzini, quien había ordenado previamente garantizar el suministro a Vicentin. Nudenberg acusó a la CSPA de actuar con conocimiento de dicha resolución, mencionando incluso un mensaje de audio en el que el presidente de la cooperativa, Carlos Nobile, reconoce estar al tanto de la medida judicial.
Sin embargo, Nobile sostuvo que “nunca llegó el oficio a la cooperativa” y que el servicio fue reconectado apenas se recibió formalmente la notificación. Anunció además una reunión con los interventores para este viernes 25, a las 14:00 horas.
El juez Lorenzini otorgó a la CSPA un plazo de 72 horas para informar oficialmente los motivos del corte.
Por su parte, la cooperativa había emitido un comunicado el mismo jueves expresando su preocupación por el impacto económico que supone mantener el servicio a una empresa que mantiene una deuda post concursal que ya asciende a los 600 millones de pesos. Según la CSPA, de mantenerse esta situación por tres meses más, la deuda podría escalar hasta los $2.000 millones, comprometiendo gravemente su estabilidad financiera y la continuidad del servicio en toda la ciudad.
El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, respaldó la preocupación de la cooperativa y advirtió que “es un efecto dominó”: si no se encuentra una solución urgente, podría colapsar el servicio eléctrico en la ciudad. “La cooperativa no puede soportarlo sola. Está en juego su viabilidad y los salarios de los trabajadores”, remarcó.
La CSPA instó al Poder Judicial de Santa Fe a revisar la medida, señalando que la protección a Vicentin no puede hacerse a costa de otras empresas ni de la comunidad.
