El Gobierno nacional ha enviado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad de 18 a 13 años. La iniciativa busca establecer un sistema especial para juzgar, sancionar y rehabilitar a los adolescentes que cometan delitos, aunque uno de los aspectos más controvertidos es el lugar donde serán alojados los jóvenes detenidos.
Este martes, el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación. Si el Congreso lo aprueba, todos los adolescentes a partir de los 13 años podrán ser imputados, acusados y detenidos bajo un régimen especial.
El oficialismo sostiene que es necesario bajar la edad de imputabilidad debido a que «los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, percibida tanto por las víctimas como por la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones».
El Ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el pasado 28 de junio que enviarían esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años, que es la edad establecida en el actual régimen penal. El proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona, según informó Noticias Argentinas.
Ahora, la propuesta será analizada por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, dirigidas por Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y Manuel Quintar (LLA-Jujuy), respectivamente.
El proyecto establece un régimen penal aplicable a adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando sean imputados por un delito tipificado en el Código Penal. No se impondrá a los menores una pena de reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20 años, aunque esta puede aumentar si se trata de la concurrencia de varios delitos independientes.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que «la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada».
Además, se destaca que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad sancionada en 1980, «no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”. Por ello, se considera indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore estos principios, adecuada a la realidad social actual.
El oficialismo subraya que desde la sanción de la ley penal juvenil «el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes, muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales, y con las necesidades de la sociedad».
