Tras el cierre del INADI, el gobierno nacional busca eliminar el Instituto de Asuntos Indígenas.
En línea con su plan de ajuste, el Ejecutivo buscará cerrar el organismo creado por ley en 1985 que se encarga de la creación de planes de adjudicación y explotación de las tierras indígenas. Sus dependencias quedarían a cargo del Ministerio de Justicia.
Primero, avanzarían con la eliminación del rango de instituto para que pierda la asignación presupuestaria actual para luego poder reducir la composición de personal mediante una auditoría.
Desde el Gobierno sostienen que su función seguirá cumpliéndose y que solo será modificada su estructura. Lo mismo aplicaría para el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), que depende de Capital Humano y que está entre las áreas a desarmar por parte del oficialismo.
Ante esta acción que programa realizar el gobierno nacional, el equipo de Radio Amanecer se comunicó con el líder de la comunidad QOM, Félix Díaz, quien manifestó que: «es imposible eliminar el Instituto. Esta creado por ley y reconocido en la constitución. No es un decreto».
Además, mencionó que «el estado tiene una deuda preexistente con los pueblos indígenas y varias leyes que nos dan una supuesta protección. En esto está la ventaja para poder seguir reclamando por nuestros derechos que todavía nos deben. Por lo que me parece fundamental que el Instituto cambie la manera de funcionar».
En este sentido, Díaz amplió que: «a pesar de la falta del cumplimiento de la función que tiene el instituto este no debe desaparecer, si cambiar su manera y efectivizar sus funciones. Siempre fue un órgano descentralizado con profesionales, funcionarios y buenos sueldos, que nunca han hecho un esfuerzo para defender al pueblo indígena, por lo que no cumplen las funciones asignadas. Por otra parte, el pueblo indígena no tiene voz ni voto, por lo que es más difícil que funcione sin darnos lugar, solo acatamos las ordenes institucionales y muchas veces desconocemos sobre las cuestiones burocráticas y de papeles, por lo que no tenemos la garantía de ser defendidos», enfatizó el líder Qom.
A esta falta de funciones, sumó a los Institutos provinciales como el de Formosa, Chaco, Salta y Santa Fe. En ninguno de ellos encuentran la representación que necesitan por lo que solicitan un Ministerio y dejar de ser mendigos de los derechos que le corresponden como seres humanos.
El INAI fue creado por la Ley de Asuntos Indígenas (23.302) en 1985. Se declaró de interés nacional la atención y el apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas del país y se reconoció su personalidad jurídica.
En el artículo 5, se impulsó la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada con participación indígena, que dependía en forma directa del Ministerio del Interior y luego pasó a la órbita de Justicia.
El instituto cuenta con las direcciones de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que incluye el programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas y su registro, y de Desarrollo de Comunidades Indígenas. Además, tiene en su esquema a la áreas de Afirmación de los Derechos Indígenas, Asuntos Jurídicos y Técnica Administrativa DTA.
Su función es “llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y disponer la inscripción de las comunidades que lo soliciten y resolver, en su caso, la cancelación de la inscripción, para todo lo cual deberá coordinar su acción con los gobiernos provinciales y prestar el asesoramiento necesario para facilitar los trámites”.
Además, debe elaborar e implementar planes de adjudicación y explotación de las tierras, de educación y de salud, a la par de proponer el presupuesto para la atención de los asuntos indígenas y asesorar en todo lo relativo a fomento, promoción y desarrollo de las comunidades indígenas del país. También, gestiona planes para la construcción de viviendas rurales y urbanas.
Con la extensión presupuestaria de 2024, el INAI tiene asignados $2357,35 millones, de los cuales ya gastó $205.260.000 en el personal y $3.520.000 en servicios no personales.
