Así lo arrojan controles y auditorías que realizó el Ministerio de Educación, que redujeron más de un 25% las licencias de los maestros.
El gobernador Miguel Lifschitz quiere disminuir los porcentajes de ausentismo entre los empleados de la administración pública. La semana próxima, la ministra de Educación, Claudia Balagué, presentará a sus pares los resultados de los controles y auditorías desarrollados en su cartera que, advierten, permitieron reducir más de un 25 por ciento las licencias docentes y ahorrar unos 200 millones de pesos en reemplazos. La idea es replicar esta experiencia en el resto de los ministerios, sobre todo en Seguridad y Salud, los que reúnen una gran proporción de los 140 mil agentes del estado provincial.
El año pasado, desde Educación se pusieron en marcha una serie de dispositivos para mitigar el abuso de licencia de docentes y asistentes escolares. En forma sostenida, se trabajó sobre el control de licencias por patologías leves (como dolor de cabeza o resfríos) que se sostenían en el tiempo y auditorías en forma conjunta con los colegios médicos de Rosario y Santa Fe, que incluso terminaron con casos denunciados en la Justicia.
Esta batería de medidas, algunas duramente cuestionadas por los gremios como la «tablita» que estipula la cantidad de días que puede ausentarse un docente de su escuela por determinadas enfermedades, permitieron disminuir el ausentismo en las escuelas.
De acuerdo a un primer análisis comparativo de los últimos años, se logró reducir más de un 25 por ciento los pedidos de reemplazos.
Según la evaluación a la que accedió La Capital, el nivel de ausentismo bajó del 16 al 11 por ciento durante el año pasado. Y se ahorraron 200 millones de pesos en reemplazos. Una cifra que equivale, por ejemplo, a la construcción de 17 jardines de infantes.
La tarea
La ministra Balagué presentará la semana próxima los resultados detallados de esta «política integral del abordaje del abuso de licencias y cuidado de la salud del personal escolar». En ese marcó se auditaron, junto a los colegios médicos, cientos de pedidos de reemplazo para detectar incongruencias relacionadas con su distribución geográfica, patologías o cantidad de días prescriptos.
Fuentes de la gobernación indicaron que «la idea es extender esta iniciativa a toda la administración pública lo antes posible».
El mismo gobernador advirtió la semana pasada sobre la necesidad de lograr una «mayor efectividad» del empleo público y apuntó que las faltas injustificadas y reiteradas se sienten en los Ministerios de Salud y Educación y entre los agentes de la policía provincial. También, claro está, son las tres áreas con mayor cantidad de agentes.
En números
De acuerdo al último informe sobre la evolución de la planta de personal, correspondiente a enero de este año, actualmente el sector público provincial reúne unos 140 mil trabajadores, de los cuales 125.714 están bajo la órbita del poder Ejecutivo. La Justicia emplea a 3.973 agentes y la Legislatura a 1.618. Otros 9.295 trabajadores pertenecen a los organismos descentralizados como la Empresa Provincial de la Energía, Aguas Santafesinas o las direcciones provinciales de Vialidad o Vivienda.
Entre los agentes de la administración central, 56 mil pertenecen a Educación (sumando cargos y horas cátedra), otros 26 mil a Seguridad y 7 mil a Salud.
Según entiende Lifschitz, cuando se hacen críticas al Estado «sobre eficiencia, cumplimiento de responsabilidades, de horarios, ausentismo; en todo hay una base de realidad» y se necesita mejorar la calidad del servicio público.
«Nos parece que hemos hecho una oferta salarial importante con relación a otras provincias, y por otro lado, necesitamos mostrarles a los ciudadanos que somos capaces de trabajar de manera conjunta con las organizaciones gremiales para lograr una mayor efectividad del empleo público. Queremos tomarlo seriamente porque son costos en educación, salud pública, seguridad», apuntó en una entrevista con un medio de la capital provincial.
De todas formas, rechazó la posibilidad de restaurar el presentismo («que tampoco ha dado demasiados resultados», aclaró), sino más bien en buscar medidas de estímulo y mecanismos de mayor control. Dos temas, sobre los que «hay predisposición de los gremios —destacó— porque la mayoría de los empleados cumple».
Fuente – La Capital
