El 90% ocurrieron en el marco intrafamiliar. Las denuncias llegaron, en su mayoría, por la guardia médica, los centros de salud y las escuelas.
En los primeros cuatro meses del año, la subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia intervino en 82 casos de delitos contra la integridad sexual (abuso infantil) en la zona centro-norte de la provincia. Así lo confirmó la directora del área, Mónica Barroso, quien señaló que se trata de casos en los que se aplicaron medidas de excepción, previstas en el artículo 58 de la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. “Esto no significa que no haya más casos pero son los que motivaron intervención a partir de los centros de salud, referentes socio educativos, equipos locales o a través del Ministerio Público fiscal”. “Lo llamativo es que es un tema que va in crescendo”, advirtió la funcionaria en diálogo con El Litoral.
Los datos aportados por Barroso, abogada, formada en el campo de Salud Mental y el Derecho Procesal Penal, revelan que 32 de los ingresos por abuso sexual infantil corresponden al área de Santa Fe capital, 37 casos a Rafaela y 13 a Vera; en todos los casos la mayoría de las víctimas son niñas.
Más allá de la estadística y de la preocupación que genera este tema, Barroso convocó a pensar “políticas públicas para abordar las construcciones patriarcales que existen sobre estas problemáticas que van -insistió- in crescendo”. Por otra parte, advirtió que “es muy probable que algunos casos que aparecen como delitos contra la integridad sexual tengan detrás situaciones de trata”.
Medidas excepcionales
Ante estas situaciones se aplica una medida de protección excepcional: “Ante la duda, se retira al niño, niña o adolescente. Cuando se interviene con urgencia mediante la aplicación del artículo 58 de la ley, es posible que encontremos familias ampliadas o de la comunidad, o bien que sean alojados en instituciones del sistema integral, y, además, se tiene que hacer el seguimiento desde los equipos locales. Nosotros intervenimos para retirar a los niños en forma provisoria, pero la responsabilidad fundamental está en los anclajes territoriales de los lugares donde viven niños, niñas y adolescentes”.
En cuanto a la manera en que llegan las denuncias a la subsecretaría, Barroso explicó que el mecanismo es a través de la admisión y guardia de 24 horas, por intervención de organismos públicos como hospitales, centros de salud, el sistema socio educativo, o por intervención directa del Ministerio Público de la Acusación, siempre considerando los casos que se registran.
Maltrato
Otra problemática que se repite en niños y niñas es el maltrato; “sobre todo la falta de cuidado en las relaciones básicas y esenciales, la alimentación, la sexualidad, la diversidad sexual y al contexto de convivencia”.
Para la directora de Niñez, Adolescencia y Familia Mónica Barroso, “es fundamental trabajar más con los municipios y comunas”. En ese sentido recordó que recientemente se firmaron convenios con estos organismos “porque son los principales observadores de la problemática de la comunidad. Las problemáticas de niñez deben ser trabajadas por todos los sectores, incluso los ciudadanos porque todo el tiempo se denuncia, pero trabajar es otra cuestión”, señaló.
Cámara Gesell
En 2017 se comenzó a hacer el seguimiento de Cámaras Gesell de las problemáticas que llegan a la subsecretaría; desde octubre hasta fin de año fueron 11, utilizadas en niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años. Hasta el mes que viene hay programados 8 procedimientos similares, también para niñas de la misma franja etaria.
Convenios
La subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia formalizó convenios para la ejecución y continuidad de programas con 227 municipios y comunas de distintas localidades de la provincia. Éstos se enmarcan en la Ley provincial Nº 12.967, que adhiere a la Ley Nacional Nº 26.061, y establece la creación de los llamados “Servicios locales de promoción y protección de derechos”. Esta decisión implica, en todo el año, una inversión de 32 millones de pesos.
Fuente – El Litoral.com
