La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias ve positivamente las medidas anunciadas ayer por el gobierno nacional, relacionadas con la eliminación y reducción de los derechos de exportación.
Desde hace meses venimos advirtiendo sobre una situación crítica para el sector agropecuario, que se agravó significativamente en las últimas semanas. Por esta razón, el jueves pasado, tras una reunión entre las entidades, solicitamos públicamente un “alivio fiscal” y alertamos sobre la grave crisis que atraviesa el sector como consecuencia de una combinación de factores internos y externos.
Las retenciones son un tributo regresivo y perjudicial que debe ser eliminado de manera definitiva. Este impuesto ha sido históricamente un freno para el desarrollo del sector productivo. No es sostenible pedirle al productor que pague impuestos cuando ni siquiera logra cubrir los costos de producción.
La eliminación de este impuesto no debe sólo ser una medida transitoria, sino un cambio estructural que garantice las condiciones para fomentar la inversión y el desarrollo genuino. Desde el año 2002, los productores agropecuarios hemos aportado más de 200 mil millones de dólares en retenciones. Creemos que ha llegado el momento de que esos recursos se transformen en inversión y trabajo genuino en las provincias que generan riqueza y empleo.
Sostenemos que estas medidas son un paso positivo en la dirección correcta. La eliminación de retenciones para productos de las economías regionales es una medida fundamental para cientos de productores que están asfixiados y necesitaban de este alivio. La baja de alícuotas para los otros productos va en el sentido correcto, aunque siempre pregonaremos por la eliminación definitiva.
Reafirmamos que para potenciar al campo como motor económico del país es fundamental avanzar también en temas estructurales como la mejora de la infraestructura, la conectividad, la seguridad y otros aspectos que permitan consolidar el desarrollo sostenible del sector.
Por último, hacemos un llamado a la clase política para que estas decisiones sean parte de una política de Estado que priorice el desarrollo productivo del interior del país y el bienestar de todos los argentinos.
