El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe volvió a encender las alarmas por la crítica situación que atraviesa el Poder Judicial provincial, a raíz de la falta de cobertura de cargos clave. Según denuncian, a un año y siete meses del inicio de la gestión del actual gobierno provincial, existen 98 vacantes de magistrados, 24 de defensores (titulares y adjuntos) y 38 fiscales sin designar.
El reclamo fue encabezado por los referentes gremiales Jorge Perlo, secretario ejecutivo en Rosario, y Juan Pablo Langella, secretario general del sindicato, quienes advirtieron que esta situación compromete gravemente el funcionamiento de la Justicia. En la circunscripción de Rosario, por ejemplo, se contabilizan 35 vacantes, mientras que en Santa Fe capital son 37.
“Esto representa casi el 30% de la magistratura. La sobrecarga que esto genera obliga a funcionarios y empleados judiciales a duplicar sus esfuerzos para mantener los despachos al día”, explicó Langella. Además, agregó que muchos de estos cargos están vacantes desde 2020, e incluso desde antes.
Desde el gremio sostienen que el Poder Ejecutivo no ha brindado ninguna explicación sobre la demora en los nombramientos. “Solo se entiende como una clara hostilidad hacia el Poder Judicial”, se expresa en un comunicado difundido recientemente. Asimismo, denunciaron que se realizan los concursos pero los pliegos no llegan a la Legislatura para su tratamiento.
Langella criticó con dureza la postura del Ejecutivo: “Dicen que están acompañando al Poder Judicial, pero lo están dejando raquítico. No se designan jueces, fiscales ni defensores, y esto pone en peligro el servicio de Justicia”. También remarcó que han solicitado reuniones con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sin obtener respuesta hasta el momento. “No cuestionamos la potestad del gobernador de elegir, pero sí la falta de voluntad para hacerlo. Un año y siete meses de gestión es tiempo suficiente”, remarcó.
Sobre posibles medidas de fuerza, el dirigente prefirió no adelantar definiciones, pero advirtió: “No queremos llegar a lo que pasó el año pasado. No nos interesa el conflicto, queremos trabajar. Pero necesitamos señales claras”.
Fuerte rechazo a que el MPA sea un órgano extrapoder
Además del reclamo por los nombramientos, los judiciales también expresaron su preocupación por un nuevo frente de discusión: la posibilidad de que los ministerios públicos —como el Ministerio Público de la Acusación (MPA)— dejen de formar parte del Poder Judicial y se conviertan en órganos “extrapoder”, como proponen algunos sectores de cara a la reforma constitucional.
La iniciativa fue sugerida públicamente por la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, durante la presentación de su informe de gestión a fines de mayo. “No podemos depender ni formar parte del Poder Judicial”, sostuvo, planteando que la nueva Constitución debería reconocer al MPA como órgano extrapoder.
El sindicato judicial rechazó de plano esa postura: “Los ministerios públicos dentro del Poder Judicial son garantía de imparcialidad, autonomía y autarquía. Escindirse es pasar a depender de la política de turno”, advirtieron. También subrayaron que dicha reforma “pone en peligro la carrera judicial y el salario de fiscales, defensores, funcionarios y empleados”.
Por último, anticiparon que llevarán su posición a los convencionales constituyentes que tendrán a su cargo la reforma de la Carta Magna provincial, para frenar una iniciativa que, afirman, “atenta contra la independencia y estabilidad del sistema judicial santafesino”.