La medida la tomó el Juez Federal de Reconquista – subrogante en Sáenz Peña, Chaco – Aldo Alurralde. El procesamiento fue por crear una estructura para obtener beneficios propios entre familiares y amigos, disponiendo recursos asignados por el Tesoro Nacional en su beneficio, usando la pantalla de construcción de nuevos inmuebles. Trabaron embargo por 100 millones de pesos con fines de decomiso sobre bienes de los procesados.

El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde – subrogante en Sáenz Peña, provincia del Chaco -, procesó al rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Omar Vicente Judis, como presunto autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública en 17 hechos acreditados, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público; fraude en perjuicio de la Administración Pública en seis hechos, peculado en 59 hechos y cohecho, todo en concurso real. También procesó a su hijo Enzo Gabriel Judis, a Juan Carlos Tymkiw, Luis Sebastián Pugacz y Walter Gustavo López.

Según las pruebas recolectadas por la Fiscalía, entre los años 2010 y 2016, Omar Vicente Judis y sus familiares y amigos idearon, organizaron y pusieron en funcionamiento una estructura administrativa y académica en la Universidad, destinada a obtener y disponer recursos en beneficios propios y de quienes los acompañaron, aprovechándose de los distintos mecanismos implementados en la universidad pública, y en relación a la gran cantidad de fondos que esta casa de altos estudios recibió en concepto de programas y partidas presupuestarias que legalmente le correspondía.

En 2016, la diputada provincial Ana María Griselda Canata, denuncio ante el Juzgado Federal con sede en la ciudad de Sáenz Peña, el presunto cúmulo de irregularidades que eventualmente podrían constituir delitos contra la Administración Pública Nacional, sobre las personas que organizaron la Universidad Nacional del Chaco Austral, con el propósito de beneficiarse personalmente, y a tal fin, crearon una fundación adonde eran desviados los fondos enviados por el Tesoro Nacional.

La Universidad Nacional del Chaco Austral fue creada en la ciudad de Sáenz Peña el 4 de diciembre de 2007 por medio de la ley N° 26.335, que fue aprobado por el Congreso de la Nación Argentina, por un proyecto que fue presentado por el entonces senador nacional Jorge Milton Capitanich.

En 2010, asumió como rector Omar Vicente Judis, quien a su vez era ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la provincia del Chaco (cargo que detentó entre el año 2007 y 2013). Judis, colocó en puestos a familiares y amigos, tal el caso del vicerrector, Gustavo López, a su hijo Enzo Gabriel Judis con múltiples funciones dentro de la Universidad y al frente de la fundación que sería utilizada para el desvío de fondos, a Luis Sebastián Pugacz como secretario administrativo y a su amigo, el empresario de la construcción, Juan Carlos Tymkiw.

La Fiscalía sostuvo que con esas maniobras y actos administrativos disfrazados bajo la apariencia de legales, fueron habilitadas jerarquías administrativas y financiera de la Universidad Nacional del Chaco Austral, a través de la cual los integrantes pudieron desarrollar su actividad en procura de beneficios personales, siendo vital y necesaria la participación de cada uno de los integrantes de la organización, admitiendo la posibilidad que existan más personas ligadas a la comisión de distintos delitos investigados en esta causa.

Los elementos probatorios que fueron reunidos, demuestran que la administración de la Universidad careció de todo control, con decisiones arbitrarias e ilegítimas, fuera de la necesaria auditoría, y con deliberado incumplimiento de leyes nacionales, resoluciones ministeriales y normas propias de la misma Universidad Nacional del Chaco Austral, respecto de los estatutos que regulan el funcionamiento de las universidades públicas.

Además, los actos administrativas como las decisiones de los órganos colegiados de la universidad, o deliberativos como los del Consejo Superior, que emitieron resoluciones sin las obligatorias convocatorias, ni actas, ni dictámenes o actos preparatorios que reflejen las decisiones y resoluciones de esos órganos de gobierno, convocatorias y sustanciación de elecciones y concursos con maniobras fraudulentas, abuso de autoridad y violación de sistemática de deberes por parte de aquellos cargos con responsabilidad funcional al interior de la Universidad Nacional del Chaco Austral.

Según el juez, lo hicieron para generar un entramado dedicado a sostener la estructura destinadas a disponer de manera arbitraria, ilegítima y fraudulenta los recursos asignados a la UNCAUS, y con empresas cuyos titulares mantienen una relación de amistad con las autoridades universitarias, las que fueron favorecidas con contrataciones irregulares, actos administrativos y o otras maniobras de disposición que desviaron fondos del Tesoro Nacional que fueron destinados a la financiación y funcionamiento de una universidad pública como tal.

La Justicia dictó medidas cautelares como el embargo preventivo y/o la inhibición general de bienes de todos los imputados, como el bloqueo de sus cuentas bancarias, trabando embargo por 100 millones de pesos con fines de decomiso sobre los bienes de los procesados con el levantamiento del secreto bancario, ademas de libramiento de oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- a la Unidad de Información Financiera -UIF- y al Banco de la República Argentina.

Alurralde procesó a Enzo Gabriel Judis de 32 años, (hijo de Omar Vicente Judis, el rector) como presunto autor de los siguientes delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público; negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas en un hecho; fraude en perjuicio de alguna Administración Pública en seis hechos y partícipe necesario en peculado reiterado en 59 hechos, todos en concurso real.

En el caso de Walter Gustavo López, de 59 años, se lo procesó por negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas en tres hechos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de alguna Administración Pública en seis hechos, y peculado en 59 hechos, todos en concurso real.

Luis Sebastián Pugacz, de 59 años, está procesado como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, coautor de fraude en perjuicio de la Administración Pública reiterada en seis hechos todos en concurso real.

Finalmente, Juan Carlos Tymkiw, de 44 años, fue procesado por los delitos de fraude contra la Administración Pública en seis hechos, cohecho activo en dos hechos, todos en concurso real.

 

Fuente – LT10.com.ar

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