Esta firma opera dos plantas de Vicentín en el cordón industrial de Rosario. La medida es porque la empresa no liquidó dólares por 450 millones de dólares. La compañía se concursó.
La Justicia Federal de Rosario avaló la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de bajarle el pulgar a la firma Díaz y Forti, del grupo Olio, que operaba -a fasón- desde mayo pasado dos plantas de Vicentin en Ricardone y San Lorenzo. El Estado suspendió a la empresa del registro de exportadores y le impide cambiar divisas luego de que se detectara que Díaz y Forti no liquidó dólares por 450 millones de dólares.
A la par de este escenario complejo para el Grupo Olio, la Justicia de Santa Fe resolvió abrir el concurso de acreedores, que había solicitado la firma. Otro satélite de Vicentín que se haya en problemas, como Buyatti. Los trabajadores de esa empresa empezaron a recibir este martes los primeros telegramas de despido, según confirmó el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) del departamento San Lorenzo. Hasta hace sólo unos meses, el Grupo Olio era una empresa que parecía no tener límites en su expansión. Quería quedarse con Vicentin. Ese ímpetu se desmoronó, luego de que el Banco Central pusiera la lupa sobre la empresa en noviembre pasado y el Ministerio de Agricultura suspendiera el 3 de diciembre a Díaz y Forti, empresa del grupo, del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA). Esa medida impide a la firma exportar granos y a Vicentin cobrar el alquiler de sus instalaciones para pagar los sueldos de sus 1.200 empleados, según señalan desde la compañía.
El BCRA reclama que Díaz y Forti no liquidó divisas de las exportaciones, por un monto de 450 millones de dólares. Desde la empresa aseguran que no rindieron 200 millones de dólares. Más allá de esa diferencia, que es sustancial, la suspensión del registro de exportadores derivó –según advirtieron a Aire Digital desde la empresa- en que Díaz y Forti se presentara el 10 de febrero pasado en convocatoria de acreedores en el Juzgado Civil y comercial N° 7 a cargo de Marcelo Quiroga. El magistrado decidió abrir el concurso el martes de la semana pasada.
Es la única razón por la que la empresa se convocó. Porque la deuda de Díaz y Forti no es significativa en Argentina. Según fuentes de la compañía, el listado de acreedores es de 40 en concepto de servicios y liquidaciones finales por 30.000 pesos. El volumen de deuda es diferente en el exterior donde enfrentan deudas por entre 20 y 30 millones de dólares. Lo que llama la atención de los operadores del mercado –según pudo saber Aire Digital- es porqué el Banco Central tardó tanto tiempo en advertir la falta de liquidación de divisas. La empresa tenía un plazo, según la normativa, de 15 días para rendir el ingreso de dólares. “El BCRA monitorea minuto a minuto el ingreso de divisas”, señaló una alta fuente de una empresa agroexportadora. Díaz y Forti empezó a exportar desde la planta de Vicentin en mayo pasado. Ese mes vendió 11.592.278 dólares, una cifra que subió a lo largo de este último tiempo ya que en julio llegó a facturar 455.296.413 dólares. La agroexportadora de Avellaneda, norte de Santa Fe, se convocó el 10 de febrero pasado, tras caer en default el 4 de diciembre de 2019, con una deuda de 99.000 millones de pesos. Para generar un ingreso para poder pagar a los empleados empezaron a hacer acuerdos de fasón. Uno de los contratos se firmó con Díaz y Forti por 300.000 toneladas de soja y maíz por mes. Fuentes del concurso de acreedores señalan que Vicentin podría seguir pagando los sueldos.
Ariel Olio es el frontman de un holding de empresas que en medio de la recesión empezó a ganar terreno con inversiones millonarias en el sector frigorífico y portuario -maneja la concesión del puerto de Barranqueras, en Chaco-, y tras la caída de Vicentin comenzó a operar en mayo pasado a fasón –una especie de alquiler- las terminales de San Lorenzo y Ricardone, que poseen 1.200 empleados. Esa maniobra agitó miradas con recelo en el sector agroexportador sobre cómo este grupo –que tuvo un rápido crecimiento – se quedó con el cupo de exportación de la empresa que había entrado en convocatoria de acreedores. En diálogo con este medio, Olio había advertido a mediados del año pasado que sus intenciones eran quedarse con Vicentin. Pero las ambiciones abiertas del grupo empresario de quedarse con Vicentin se desmoronaron en un abrir y cerrar de ojos esta semana. El 3 de diciembre el Ministerio de Agricultura suspendió del RUCA a Díaz y Forti, una decisión que ya había tomado y levantado el 24 de noviembre pasado. Ninguna firma puede operar en el mercado sin estar en ese registro. Nadie entiende entre los competidores del Grupo Olio dónde está el negocio, porque trabajan a fasón –pagan un canon por tonelada para operar la planta de Vicentin-, compran a precios elevados y venden barato. Fue el final de una serie de disposiciones el Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso la lupa sobre el Grupo Olio. También la entidad pidió a la Dirección General de Aduanas que no diera curso a los pedidos de embarque y despacho de granos de Díaz y Forti. Un día antes el BCRA emitió la resolución Nº C88678 que suspendió a la empresa para realizar operaciones de cambio para “egresos” del país de divisas. Según una comunicación del BCRA, al que tuvo acceso Aire Digital, “las operaciones vencidas al 30 de noviembre registran un saldo pendiente de regularizar de 450.341.892 dólares”. Este monto representa –de acuerdo al Central- un “incumplimiento en la liquidación de divisas” del 97,8% de las operaciones de exportación. Es decir, el Grupo Olio no habría liquidado hasta el 30 de noviembre casi ninguna de las exportaciones que hizo operando la planta de Vicentin. ¿Cuál es la sospecha? Que habrían operado con lo que debían liquidar en la compra de contado con «liqui», interpretan agentes del mercado, que habría generado una diferencia a favor de la firma que podría superar los 30.000 millones de pesos. El grupo tiene la mutual 18 de julio, con la que se financiaba, entre otros canales, para exportar. La empresa lo niega, aunque admite que está en mora en la liquidación de divisas por un monto que sería la mitad de lo calculado por el BCRA. Fernando Jurado, CEO del Grupo Olio, aseguró que “lo que busca el gobierno es sacar el tubo de oxigeno que mantiene la planta de Vicentin”. Qué pasará con la planta de la agroexportadora ahora intervenida es un misterio. Y la otra pregunta que se hacen muchos operadores de peso del mercado es cómo pudo el Grupo Olio estar tanto tiempo sin liquidar divisas sin ser detectado. La decisión de suspender las exportaciones del Grupo Olio se conoció unas horas antes de que el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, interviniera Vicentin durante 90 días, según la resolución de 56 páginas que el magistrado venía analizando desde hace varios días. Nadie entiende entre los competidores del Grupo Olio dónde está el negocio, porque trabajan a fasón –pagan un canon por tonelada para operar la planta de Vicentin-, compran a precios elevados y venden barato. “Nadie puede resistir mucho tiempo operando de esa manera”, afirmó una fuente del sector. En noviembre pasado, según anunció Jurado, abrieron una oficina en Miami con la perspectiva futura de poder operar en la bolsa de Nueva York en 2022. Hasta el desembarco para operar en las dos plantas de Vicentin el grupo empresario había invertido en el sector de carnes. El holding agrupa las empresas Los Reartes, Díaz y Forti y los frigoríficos, y la familia Olio tiene pie en varias compañías del sector financiero, como RJ y GL Daminato y la Asociación Mutual 18 de julio. En diciembre de 2018, la empresa Euro SA, uno de los socios del grupo, adquirió el 70,23 % del frigorífico Carnes del Interior, ubicado en la ruta 12, en Aldea María Luisa, Entre Ríos, que manejaba Tierra Greda Alimentos, firma del ex legislador radical Atilio Benedetti. Esa compañía, según un informe de auditoría, tenía un pasivo de más de 88 millones de pesos.
Euro SA es una empresa que nació el 17 de setiembre de 1999, en Villa Gobernador Gálvez, y que su actividad en sus inicios era el procesamiento de tripas naturales para embutidos y alimentos deshidratados para mascotas. El 34% de su producción estaba destinado al mercado interno, y el fuerte era la exportación de productos que se usan para insumos médicos, como la bilis y la heparina, que son derivados naturales de las tripas. Esta firma familiar, cuyo presidente es Luis Alberto Lequio, que tiene el 95,3% del capital accionario -el resto está en manos de Federico-, se asoció en 2018 al Grupo Olio para expandirse en su ramo al entrar en la compra del frigorífico Alberdi, en Oro Verde, Entre Ríos. El traspaso se produjo el 15 de mayo de ese año. El presidente de esta empresa es actualmente, según el boletín oficial de Entre Ríos, Leonardo Lequio. Al final de su mandato, en octubre de 2019 Mauricio Macri estuvo en Oro Verde, donde participó del anuncio de la ampliación de la planta donde trabajan más de 300 operarios, donde -según se informó oficialmente- el grupo había invertido 2,5 millones de dólares. Ese frigorífico estaba habilitado para exportar carne a Rusia, pero los nuevos compradores consiguieron en los últimos meses que el mercado externo se ampliara para ellos, al lograr que lo habiliten para vender carne con hueso a China y a Estados Unidos. El desembarco del Grupo Olio en Vicentin le dio otro perfil a este holding que tiene sus oficinas en Puerto Norte, en la ribera del río Paraná, en el mismo edificio donde posee su sede la cerealera -que surgió hace 90 años en Avellaneda. El Grupo Olio, aliado a la corredora Díaz & Forti y Los Reartes, se manejó desde hace 30 años con exportaciones no tradicionales a sitios que dejaban libres en el mapa del mercado los grandes jugadores, como Cargill, Dreyfus, Cofco, entre otros, explicó analista de mercado rosarino. Fue un jugador marginal del negocio.
Fuente – Aire de Santa Fe
