Reconquista no es un pueblo chico pero el infierno parece grande en la capital del departamento General Obligado. El juicio por abuso sexual contra un abogado reconocido por su influencia y como hombre de confianza del intendente de la ciudad, su detención junto a otros abogados por presionar a la madre de la víctima del abuso, la crisis emocional de un juez que pasó de insultar a fiscales a llorar en medio de una audiencia y los fallos reiterados de la Justicia local en beneficio de acusados por delitos sexuales componen un conflicto de incierta resolución.
El detonante es el proceso contra Ricardo Ceferino Degoumois por abuso sexual simple en perjuicio de una menor de 14 años, por lo que el Ministerio Público de la Acusación pidió que sea condenado a cuatro años y tres meses de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para ejercer como abogado, pero la situación se inscribe en un contexto histórico más amplio y en una disputa en torno a los juicios por delitos sexuales que también cobra forma en otras regiones de la provincia.
Degoumois compareció al juicio con un plantel de defensores integrado por Raúl Superti, Adrián Ghío y Daniel Baralle y acompañado por su hijo, Ricardo Rubén, también letrado, mientras la fiscalía está representada por Alejandra Del Río Ayala, Valentín Hereñú y Georgina Díaz. Organizaciones feministas y docentes se movilizaron en apoyo de la víctima en la puerta de los Tribunales de Reconquista, aunque el acceso a la sala pareció reservado para los allegados al abogado.
Degoumois no tuvo suficiente con el respaldo de cuatro abogados ya que ejerció su propia defensa interrogando en el juicio a la madre de la víctima. Pero esta actitud consentida por el juez Martín Gauna Chapero provocó inesperadamente la denuncia de la mujer, en plena audiencia, sobre las amenazas y presiones que había recibido.
Ricardo Ceferino Degoumois
La historia del caso revela por sí misma las tramas de poder que se condensan en la violencia de género. Degoumois defendía a un primo de la víctima, imputado por abuso sexual; la menor fue a su estudio para preparar la declaración que prestaría en ese juicio y en dos visitas, cuando quedaron a solas, se perpetraron abusos seguidos por acosos telefónicos y por redes sociales y exhibición de videos pornográficos. La situación fue advertida en la escuela de Puerto Reconquista a la que asiste la víctima, pero ni la madre ni los docentes querían hacer la denuncia. “La funcionaria del Equipo Socioeducativo Interdisciplinario del Ministerio de Educación, que no vive en Reconquista, judicializó el caso; nadie se animaba, por miedo”, según una fuente consultada para esta nota.
“La nena estaba siendo preparada por el abogado para mentir, para ofrecer un falso testimonio y favorecer al primo en la otra causa. Este primo es muy querido por la mamá de la nena, que no lo quería perjudicar”, agrega la fuente.
La mujer dijo que fue contactada por una empleada municipal, clienta de Degoumois, quien la llevó al estudio jurídico. Según el MPA, las presiones combinaron entregas de dinero en efectivo en tres ocasiones, la promesa de comprarle una moto y amenazas de que en el juicio “atacarían la dignidad y el honor de su hija”, respaldadas con la exhibición de fotos donde la menor estaba desnuda.
Las presiones surtieron efecto. Mientras Degoumois (h) registraba el encuentro en video, la mujer firmó un testimonio por escrito que sería instrumentado como declaración previa en el juicio y que de hecho se introdujo en la primera audiencia. Este acto podía tener un alcance más allá del caso puntual si se piensa en el contexto actual en el que referentes políticos y profesionales activan una campaña contra las supuestas denuncias falsas por violencia de género y abuso de menores para favorecer a procesados por esas causas.
Degoumois fue el asesor legal del municipio de Reconquista y persona influyente en las decisiones del intendente Amadeo Enrique Vallejos hasta el 16 de diciembre de 2022, cuando quedó imputado por abuso sexual simple y tenencia de pornografía infantil y se nombró como reemplazante a Uriel Ayala, integrante de su estudio jurídico. No es el primer suceso en el que se ve envuelto: una de las causas de la destitución del juez federal Eduardo Fariz, en 2006, según puntualizó el Tribunal de Enjuiciamiento, fueron acuerdos irregulares con Degoumois en torno al trámite de causas por narcotráfico y al manejo del propio juzgado.
Fuera de quicio
Los sucesos de Reconquista se comprenden también dentro de un reordenamiento del Ministerio Público de la Acusación que apunta específicamente a las investigaciones de delitos sexuales a partir de la intervención del fiscal Aldo Gerosa en el caso de Marcelo Galaz, el ex secretario privado del diputado provincial Dionisio Scarpín que abusaba de su sobrina. La condena en juicio abreviado de Galaz apareció como un turbio entendimiento entre bambalinas que revictimizó a la víctima, violentada en su infancia y su adolescencia, benefició al acusado y descubrió las interferencias del senador radical Orfilio Marcón.
El 14 de junio la fiscal general María Cecilia Vranicich ordenó un proceso de supervisión de las investigaciones sobre delitos sexuales en la Fiscalía Regional 4. La fiscal Alejandra Del Río Ayala fue encargada entonces de “abordar cada una de las investigaciones sobre casos de delitos contra la integridad sexual con perspectiva de género y perspectiva de víctimas y una proyección sobre la resolución de los mismos”, según la resolución firmada por Vranicich.
—Lo que motivó la supervisión fue una serie de quejas sobre el abordaje de los casos y la forma en que la fiscalía los resolvió —explica la fiscal Del Río Ayala, en una pausa del juicio actual en Reconquista—. Eso hizo que se revisaran todos los legajos y se dictamine al respecto. En este momento estamos iniciando la redacción del informe final, con recomendaciones.
El abuso sexual por el que está acusado Ricardo Ceferino Degoumois fue uno de los casos revisados.
—Cuando lo vi, ya se había hecho la acusación y realizado la audiencia preliminar. Lo único que pude sugerir fue cómo litigar. Como se trata de un caso complejo por lo que representan este abogado y su estudio jurídico en el norte de la provincia, la Fiscalía General quiso estar presente para colaborar con los fiscales y por eso me asignaron en el juicio junto con Valentín Hereñú y Georgina Díaz.
El juicio oral comenzó el 4 de diciembre y se suspendió al día siguiente, cuando la madre de la víctima se quebró en mitad de su declaración y reveló que había recibido amenazas y dinero de Degoumois para producir una declaración falsa. La asimetría entre las partes no puede ser más pronunciada: de un lado, un abogado vinculado con el poder político y con el Poder Judicial; del otro, una madre soltera, desempleada y en situación de vulnerabilidad.
Los cuatro abogados “estaban arbitrando medidas tendientes a que el juicio no se hiciera, a presionar a la mamá y a otros testigos en sus relatos: es un delito que se conoció en el momento y se actuó en consecuencia”, explica la fiscal Alejandra Del Río Ayala, que ordenó la detención inmediata de Degoumois y de su hijo Ricardo Rubén Degoumois, Adrián Ghío y Daniel Baralle. Los cuatro fueron imputados por amenazas coactivas y falso testimonio; Ghío agregó otro cargo por tenencia de un arma de guerra que no tenía declarada.
La actuación de los fiscales en relación a los abogados sacó de quicio al juez Santiago Banegas. “Ustedes son unos pelotudos”, manifestó el juez; el pedido de allanamientos y de ampliación de las investigaciones eran en su opinión “un circo”, “una payasada”. Cuando Del Río Ayala y Herenú plantearon su recusación por esas declaraciones, Banegas los acusó de romper códigos: una afirmación que revela la existencia de reglas no escritas en la administración de la Justicia.
—El juez dijo que él tenía trato privado con los profesionales —dice al respecto la fiscal Del Río Ayala—. Desde la perspectiva de la fiscalía no es justificativo de lo que hizo. El trato privado lo puede tener con un juez o con un defensor siendo conocido o amigo y hablando de otras cuestiones pero no con una de las partes donde se trata de medidas puntuales. Lo que hizo fue como el papá retando al hijo y con términos irrespetuosos. Pero la recusación no fue solo porque le dijo “pelotudo” a un fiscal sino porque peticionamos ampliar el caso y la autorización de los fiscales para que vayan a los allanamientos, e hizo una valoración sobre las detenciones al decir que eran un circo.
Banegas reivindicó en una audiencia “la altura moral que siempre me ha caracterizado” y dijo entre lágrimas que fue presionado para apartarse, aunque sin dar nombres. En definitiva fue reemplazado por el juez Gonzalo Basualdo, el mismo que salió airoso de un jury después de ser acusado por recibir sobornos del juego clandestino, quien excarceló al cuarteto de abogados y les impuso reglas de conducta y fianzas millonarias.
El episodio tuvo otro incidente revelador: hasta su excarcelación los cuatro abogados estaban teóricamente incomunicados en Vera, pero recibieron visitas de otros letrados de Reconquista en tren de demostrar solidaridad. La fiscal Del Río Ayala leyó ante el juez Basualdo la lista de los abogados que visitaron a los detenidos, con sus horarios de ingreso y egreso, e inició otra investigación, ahora para establecer la responsabilidad de los guardias.
Santiago Banegas, entre lágrimas en audiencia
Jurisprudencia revocada
Pero lo que en medios locales se describe como “guerra entre jueces y fiscales” parece consistir más bien en la reacción de los jueces de Reconquista ante el cuestionamiento de fallos que absolvieron a responsables de abusos sexuales contra menores. Los antecedentes resultan notables:
—En mayo de 2022 los jueces Mauricio Martelossi, Martín Gauna Chapero y Claudia Bressán absolvieron a Aldo Luis Scarpín de las acusaciones por abuso sexual agravado contra seis menores de 18 años, alumnas de su materia Historia y Formación Cívica. En diciembre de 2023 la Cámara de Apelaciones de Vera anuló el fallo y condenó a Scarpín a tres años de prisión condicional.
—En junio de 2023 la Legislatura suspendió por cuatro meses al fiscal Aldo Gerosa, por revictimizar a la víctima del pedófilo Marcelo Galaz y por aceptar el acuerdo de juicio abreviado que dejó en siete años de prisión lo que en principio era una condena de treinta y dos años.
—En septiembre de 2023 los jueces Mauricio Martelossi, Gonzalo Basualdo y Sergio Olivera absolvieron a Carlos Oscar Molina, empleado del Hospital de Reconquista, por delitos contra la integridad sexual de la hija de su ex pareja. El 21 de agosto la Cámara de Vera revocó el fallo y condenó a Molina a catorce años de prisión. No obstante, la jueza Bressán resolvió que el condenado siga en libertad.
—En mayo de 2024 los jueces Norma Noemí Senn, Martín Gauna Chapero y Santiago Banegas absolvieron al ingeniero agrónomo César Lebus de la acusación de abuso sexual con acceso carnal contra los hijos de su ex pareja. El 30 de octubre la Cámara de Vera revocó el fallo y condenó a Lebus a catorce años de prisión.
Hubo factores comunes en las absoluciones: el cuestionamiento a las declaraciones de las víctimas y el uso de la Cámara Gesell, las referencias a recuerdos falsos o implantados (un argumento repetido en las defensas de violadores y abusadores) y las críticas a los fiscales que investigaron. En alguna resolución se valoró la opinión de Pablo Martínez Suárez de Lima, quien se presenta con múltiples títulos y competencias (licenciado en Psicología, especialista en fuero penal, perito, diplomado en Criminalística y Criminología, especializado en autopsia psicológica y perfilación criminal) y cuestiona la forma de interpretar las declaraciones en Cámara Gesell. Este fue el tema de una conferencia que dio el 23 de agosto en la Universidad Tecnológica Nacional, sede Reconquista, y en ese carácter fue convocado por la defensa en otro caso trascendente: el juicio contra el docente Juan Francisco Trigatti por abusos sexuales contra cinco niñas de entre 3 y 6 años en un jardín de infantes que depende del Arzobispado de Santa Fe.
Una reacción histórica
Juan Francisco Trigatti
El 18 de agosto el tribunal integrado por Pablo Osvaldo Busaniche, Cecilia Beatriz Labanca y Martín Manuel Torres absolvió en Santa Fe a Trigatti de los cargos. Los jueces consideraron básicamente que los testimonios de las niñas en Cámara Gesell fueron inoculados por sus madres y pidieron que se investigue la actuación de la fiscal Del Río Ayala, quien inició la investigación y de las abogadas Agustina Taboada, del equipo de guardia del Servicio Local de Niñez, y Carolina Walker Torres, querellante en representación de una de las víctimas.
Trigatti fue defendido por el abogado Marcos Barceló, quien se presenta como especialista en “falsas denuncias de género y sexuales” y sostiene que “la ideología de género ha permeado a todos los poderes judiciales del país”. Su esposa, Fernanda Deluca, participó el 20 de noviembre en una jornada sobre falsas denuncias que organizaron los senadores Carolina Losada y Juan Pagotto en el Senado nacional y afirmó que Del Río Ayala había adulterado pruebas en la investigación de la causa; la jornada formó parte del relanzamiento del proyecto de ley para penalizar falsas denuncias de violencia de género y abuso sexual, que de concretarse impondrían penas que superarían a las contempladas para el abuso sexual simple.
La fiscal Alejandra Del Río Ayala
La fiscal Alejandra Del Río Ayala
La fiscal Del Río Ayala no se muestra sorprendida por las reacciones ante las investigaciones con perspectiva de género:
—Desde que soy fiscal, a partir de 2017, y también antes cuando ya trabajaba la temática en fiscalías, existen estas resistencias. Siempre hubo un sesgo discriminatorio hacia las víctimas. Esto se sabe y el que no lo quiere entender es necio: hay una reacción histórica hacia las denuncias y hacia la voz de los niños. Se piensa que los niños mienten y que ante su relato hay que anteponer la duda. Cuanto más se modifica esta mirada sobre los niños como poco creíbles y manipulables, lo que pasa de un tiempo a esta parte, más fuerte es la reacción.
El fallo que absolvió a Trigatti fue apelado, con lo que el debate continúa. “El Tribunal estructuró el análisis de la prueba partiendo de un preconcepto del caso vinculado a la persona del imputado (varón, heterosexual, de clase media, proveniente de sectores católicos, representativo de la masculinidad hegemónica santafesina) y de las niñas víctimas (muy pequeñas y, por tanto, susceptibles de ser manipuladas, pobres, con familias que aparecen como conflictivas desde el imaginario colectivo, representativas de la idea de mala víctima), lo cual llevó utilizar conceptos que puedan explicar de alguna manera que se trata de falsas denuncias”, señalaron Walker Torres y Juan Lewis en su apelación.
Además de utilizar conceptos análogos al falso síndrome de alienación parental (como ya se registró en las absoluciones de Reconquista), la sentencia es considerada “un claro ataque infundado a mujeres trabajadoras en casos de violencia de género y delitos sexuales”. Walker Torres y Lewis lo definen como backlash, un término “que conceptualiza una reacción extrema que se ha extendido rápidamente a nivel mundial y en especial en nuestra ciudad (Santa Fe) en los últimos tiempos y que ha encontrado apoyo en diversos grupos organizados que avalan mitos y estereotipos en relación a la violencia sexual, y buscan incidir en distintos ámbitos como por ejemplo en el ámbito judicial”; “uno de los impactos que tiene este fenómeno de backlash es, justamente, producir desinformación y, sobre todo, manipulación de la opinión pública, y es lo que ha pasado con la fundamentación carente de estos tres jueces”.
La línea argumental que benefició a Trigatti condujo también en diciembre de 2021 a la absolución de Carlos María Kinder por abusos sexuales con acceso carnal y gravemente ultrajantes contra dos adolescentes en San Gregorio. Pero el fallo fue apelado por el MPA y en octubre un Tribunal de segunda instancia condenó a Kinder a once años de prisión.
—Cuando ponen en duda la credibilidad de los niños —apunta la fiscal Del Río Ayala— siempre digo lo mismo: trasladen las barbaridades que dicen de ellos a sus propios hijos. ¿Tu hijo podría inventar que una persona mayor hizo tal o cual cosa en términos de abusos? Si lo inventó, ¿por qué lo haría, cuánto lo podría sostener? Pero se les cree más a los adultos, cuando los adultos son los que tienen mucha más capacidad e intereses para mentir y fabular. Lo más cómodo es atacar a la fiscalía. A mí no me genera nada porque sé cuál es el sistema y cuál es el juego que juega cada uno. Y si la causa Trigatti llegó a juicio fue porque hubo primero un juez y después un camarista que dijeron que había pruebas.
Informe: gentileza Osvaldo Aguirre – Escritor y periodista.
